En 2021 Casimiro Curbelo propuso lanzar una bomba nuclear sobre el volcán de Cumbre Vieja en La Palma cuando emitía lava y devoraba las viviendas de los palmeros. En 2026, en Hacienda hay una bomba nuclear que puede alterar el cuadro de mando de las islas: el papel del consejero delegado de la empresa pública de viviendas de Canarias que tiene como consejero delegado al marido de su hija, María Curbelo. Los funcionarios se niegan a convalidar gastos de decenas de millones de euros a Visocan sobre inversiones comprometida en La Palma. Durante el mandato actual de CC y PP el yerno de Casimiro Curbelo ha entrado en el consejo de dos inmobiliarias privadas.
En Canarias el pacto de CC y PP tiene reservada una zona de sombra. No está en las consejerías. Está en las empresas públicas. La Agrupación Socialista Gomera de Casimiro Curbelo no entró en el Gobierno con una consejería propia después de las elecciones de 2023. Entró en la arquitectura del poder por otra puerta. El acuerdo de gobernabilidad firmado con CC y PP contempló la presencia de ASG en la estructura del Ejecutivo y Curbelo anunció que su formación tendría bajo su control Visocan, Hecansa y Gesplan. El reparto tenía una particularidad. ASG dejaba de ocupar una consejería, pero conservaba capacidad de influencia sobre sociedades públicas con presupuesto, patrimonio, suelo, vivienda y contratación. VISOCAN estaba entre ellas. Y ahí empieza una historia que acaba, de momento, en La Palma.
El hombre que conecta las dos orillas
Agustín Fernández Clemente es el consejero delegado de VISOCAN. La propia empresa pública lo identifica en su información institucional con ese cargo. VISOCAN es una sociedad mercantil pública de la Comunidad Autónoma y actúa como medio propio instrumental del Gobierno de Canarias para ejecutar políticas de vivienda. Fernández Clemente es pareja de María Curbelo, hija de Casimiro Curbelo. Su relación con el negocio inmobiliario tampoco empezó ayer. En 2009 figura como administrador solidario de Agnante Inversor, una sociedad cuyo objeto comprende la promoción, construcción, adquisición, administración y explotación de inmuebles. Su actividad privada en el sector inmobiliario, por tanto, es anterior a su llegada a VISOCAN. Pero lo que convierte la historia en una cuestión política ahora es lo que ha ocurrido después.
Dos inmobiliarias mientras dirige la empresa pública de vivienda
En noviembre de 2025, Fernández Clemente pasó a ser administrador solidario de Vértice Insular. La sociedad se constituyó en abril de 2025. Su objeto social incluye la promoción inmobiliaria, la construcción, rehabilitación y conservación de inmuebles y la compra, venta y arrendamiento de propiedades. No es una sociedad en la que pueda decirse, sin más, que Fernández Clemente haya entrado en el capital. Lo que consta en el Registro Mercantil es su entrada como administrador. En diciembre de 2025 apareció también como representante de Agnante Inversor en Asistencia y Gestión Kalepolin, cuyo objeto incluye actividades de intermediación, valoración y gestión relacionadas con inmuebles. Dos movimientos empresariales nuevos. Dos sociedades con actividad inmobiliaria. Y una pregunta que no admite una respuesta contable: ¿dónde está la compatibilidad?
El documento que no la recoge
La propia documentación de VISOCAN resulta especialmente llamativa. En la composición del Consejo de Administración publicada por la empresa consta Fernández Clemente como consejero delegado y, en la casilla correspondiente a compatibilidad, no aparece una autorización para él. El documento sí recoge expresamente una compatibilidad concedida para otro integrante del consejo, mientras que en el caso de Fernández Clemente figura un guion. La transparencia de VISOCAN está actualizada en 2026 y mantiene a Fernández Clemente como consejero delegado. En Gesplan la situación documental vuelve a llamar la atención.
Fernández Clemente figura como vicepresidente segundo desde diciembre de 2023 y la ficha de transparencia de la sociedad señala que las actividades públicas y privadas para las que se le ha concedido compatibilidad son “ninguna”. Eso no permite afirmar por sí solo que exista una infracción. La compatibilidad aplicable depende del régimen jurídico concreto del cargo y de la naturaleza de la actividad. Pero sí permite formular la pregunta que corresponde a una empresa pública: si el máximo responsable de VISOCAN mantiene o incorpora actividades privadas vinculadas al sector inmobiliario, ¿qué autorización administrativa las ampara? Y esa respuesta no aparece en la documentación pública consultada.
La pregunta pesa más porque VISOCAN maneja vivienda pública
VISOCAN no es una sociedad pública cualquiera. Su objeto es desarrollar políticas públicas de vivienda y gestionar, promover y adquirir viviendas protegidas, fundamentalmente destinadas al alquiler. En 2025 sus ingresos por alquiler de viviendas protegidas superaron los 28,8 millones de euros. El conflicto de apariencia es evidente aunque la existencia a efectos legales de un conflicto de intereses requiera otra cosa: documentación, expediente y, llegado el caso, una resolución administrativa o judicial. Un responsable de una empresa pública de vivienda. Cargos privados en sociedades con objeto inmobiliario. Y una transparencia que no muestra una compatibilidad concedida para esas actividades. Eso es lo que debería explicar la Administración.
La Palma pone los millones encima de la mesa
La cuestión adquiere otra dimensión cuando se mira qué hay detrás de VISOCAN. Las cuentas auditadas de 2025 recogen 84,62 millones de euros en subvenciones concedidas pendientes de ejecutar. De ellos, 79,86 millones aparecen pendientes de justificar. La mayor partida tiene nombre propio: La Palma. Son 35.999.990 euros destinados a la adquisición y construcción de viviendas en alquiler mediante la fórmula de llave en mano. De esa cantidad, 30.270.745,45 euros permanecían pendientes de justificar. El plazo de ejecución llega hasta el 31 de diciembre de 2027. La cifra importa porque no se trata de una previsión presupuestaria. Es una subvención concedida para actuaciones concretas de vivienda. El dinero está concedido. Las viviendas tienen que hacerse. Y una parte sustancial de esa ayuda todavía tiene que convertirse en ejecución y justificación.
No son solo los 36 millones
VISOCAN tenía otras cantidades pendientes. Hay 9,01 millones de euros para adquisición, construcción o finalización de viviendas destinadas al alquiler, con la totalidad del importe pendiente de justificar y plazo hasta diciembre de 2026. Hay 4,5 millones del programa Prohogar, cuya ejecución se ha complicado porque las viviendas inicialmente previstas no resultaban adecuadas. VISOCAN solicitó sustituirlas por nuevos desarrollos y el expediente permanecía pendiente de resolución.
Hay otros 30,629 millones correspondientes a actuaciones de vivienda en alquiler que financian, entre otras, dos promociones de 50 viviendas en La Gallega, Santa Cruz de Tenerife. Hay 1,504 millones para 80 viviendas de Gavisa. Hay 740.400 euros para la adquisición de diez viviendas en Ingenio. Hay 564.000 euros para 30 viviendas en Armeñime, en Adeje, y 676.800 euros para 36 viviendas en El Doctoral, en Santa Lucía de Tirajana. Y el 26 de diciembre de 2025 se concedieron otros 1.996.875,07 euros para construir 12 viviendas en San Sebastián de La Gomera. VISOCAN publica las cuentas anuales y los informes de auditoría de 2025 en su portal de transparencia.
Curbelo, otra vez en el principio
La política vuelve al principio de la historia. Curbelo no es consejero del Gobierno de Canarias. ASG no ocupa una consejería en el actual Ejecutivo. Pero el acuerdo de 2023 entre ASG, CC y PP sí incorporó a la formación gomera a la estructura de gobernabilidad y, según el propio anuncio del pacto, le atribuyó presencia y control sobre empresas públicas como VISOCAN y Gesplan. Fernández Clemente, mientras tanto, aparece en la documentación mercantil con 14 cargos activos en 11 sociedades o entidades distintas, entre ellos VISOCAN, Gesplan, Vértice Insular, Kalepolin, Unión Platanera Canaria y Hermanos Fernández López.
El registro mercantil sitúa sus nuevas incorporaciones a Vértice, Kalepolin, Unión Platanera y Hermanos Fernández López entre noviembre de 2025 y febrero de 2026. La cuestión no es convertir esa sucesión de cargos en una acusación que los documentos no hacen. La cuestión es mucho más sencilla. ¿Puede el máximo responsable de una empresa pública de vivienda desarrollar simultáneamente actividad privada en el mismo ámbito económico sin que exista una compatibilidad publicada que lo ampare? Y, si puede, ¿Quién la autorizó y bajo qué régimen? Porque mientras esa respuesta no aparezca, el asunto no queda reducido a una lista de cargos mercantiles. Queda una empresa pública de vivienda. Queda una relación familiar políticamente relevante. Quedan dos nuevas sociedades inmobiliarias. Queda una transparencia que no muestra la compatibilidad. Y quedan 84,62 millones de euros en subvenciones pendientes de ejecutar, con 35,999 millones destinados a La Palma y 30,27 millones todavía pendientes de justificar. El caramelo político de Curbelo al pacto de CC y PP tiene así una envoltura empresarial. Y dentro hay una pregunta que ya no es política. Es administrativa. Es documental. Y tiene una cifra escrita al lado: 35.999.990 euros para vivienda en La Palma.
