La conocida como ley de volcanes nace como una de las normas más singulares del Parlamento de Canarias porque surge directamente de la experiencia reciente del Archipiélago y de una demanda social muy concreta: dotarse de un marco legal propio para afrontar las consecuencias de las erupciones volcánicas y convivir con un riesgo que forma parte estructural del territorio.
Se trata de una iniciativa legislativa popular, impulsada tras la erupción del volcán Tajogaite en La Palma, que evidenció las carencias normativas existentes para dar una respuesta ágil, coordinada y justa a las personas afectadas. Su tramitación y aprobación supusieron, además, un hito político, al traducir el impacto de una catástrofe natural en una norma con vocación de permanencia.
Un marco jurídico para la emergencia y la recuperación
La ley de volcanes establece un régimen específico de actuación ante erupciones volcánicas, diferenciando claramente tres fases: la prevención, la gestión de la emergencia y la reconstrucción posterior. Uno de sus principales objetivos es evitar la improvisación normativa en contextos de crisis, ofreciendo seguridad jurídica tanto a las administraciones como a la ciudadanía.
La norma contempla mecanismos para agilizar la reconstrucción, facilitar la reposición de viviendas y actividades económicas, y adaptar la planificación territorial a los cambios irreversibles que provoca una erupción. En este sentido, introduce criterios flexibles en materia urbanística y de ordenación del territorio para territorios afectados por lava, cenizas o nuevas configuraciones del suelo.
Protección social y derechos de las personas afectadas
Uno de los ejes centrales de la ley es su dimensión social. El texto reconoce de forma expresa a las personas damnificadas como colectivo con derechos específicos, reforzando su acceso a ayudas públicas, vivienda, servicios sociales y medidas de apoyo económico. La ley busca que la recuperación no dependa exclusivamente de decisiones coyunturales o de decretos de urgencia, sino de un sistema estable y previsible.
Asimismo, se prevé una mayor coordinación entre administraciones autonómicas, insulares y locales, con el objetivo de reducir los tiempos de respuesta y evitar duplicidades o vacíos competenciales en situaciones de emergencia volcánica.
Ciencia, planificación y convivencia con el riesgo
La ley de volcanes incorpora también la variable científica como elemento clave de la toma de decisiones públicas. Refuerza el papel del conocimiento técnico y de los organismos especializados en la vigilancia volcánica, integrando sus informes en la planificación territorial, la protección civil y la gestión del suelo.
Desde una perspectiva de largo plazo, la norma asume que Canarias es un territorio volcánico activo y que la convivencia con este riesgo debe formar parte de las políticas públicas. En ese sentido, promueve una cultura de prevención, información y educación ciudadana frente a los riesgos naturales.
Una ley con valor simbólico y político
Más allá de su contenido técnico, la ley de volcanes tiene un fuerte valor simbólico. Representa el reconocimiento institucional del impacto que una erupción puede tener sobre comunidades enteras y la voluntad de que ninguna isla vuelva a afrontar sola una catástrofe de esta magnitud.
Su aprobación consolidó al Parlamento de Canarias como un espacio capaz de canalizar el dolor colectivo hacia soluciones normativas y convirtió a esta ley en una referencia pionera dentro del marco autonómico español, al ser una de las primeras normas diseñadas específicamente para regular las consecuencias de la actividad volcánica desde una perspectiva integral, social y territorial.
