El año 2025 ha sido un ejercicio de intensa actividad normativa en el Parlamento de Canarias, con la aprobación de varias leyes estratégicas que han definido el rumbo político, social y económico del Archipiélago. Presupuestos, gestión pública, educación, cultura y prevención de riesgos naturales han centrado una agenda legislativa que el Ejecutivo autonómico ha presentado como un paso decisivo hacia un modelo más sostenible, resiliente y cohesionado, mientras la oposición ha mantenido un debate constante sobre el alcance real de las reformas.
Presupuestos y estabilidad financiera, el eje central
La norma de mayor peso político ha sido, como cada año, la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2026, aprobada definitivamente en diciembre de 2025. Las cuentas consolidan el crecimiento del gasto público, refuerzan áreas como sanidad, educación y políticas sociales, y mantienen la alineación con la Agenda Canaria 2030 y la presupuestación orientada a resultados.
El debate parlamentario estuvo marcado por el rechazo a las enmiendas a la totalidad de la oposición y por la defensa del Gobierno de una gestión “prudente pero expansiva”, apoyada en la mejora de los ingresos del sistema de financiación autonómica. Para el Ejecutivo, las cuentas garantizan estabilidad y capacidad inversora; para la oposición, persisten dudas sobre su impacto real en vivienda, salarios y servicios públicos.
Gestión pública y empleo: reducir la temporalidad
En el ámbito de la administración pública, el Parlamento aprobó una ley de medidas urgentes para reducir la temporalidad y mejorar la calidad del empleo público. La norma introduce ajustes en la gestión de recursos humanos y refuerza la estabilidad laboral en la administración canaria, uno de los problemas estructurales arrastrados desde hace años.
Durante su tramitación, los grupos debatieron sobre el equilibrio entre consolidación del empleo y garantías jurídicas, así como sobre el impacto presupuestario de las medidas, en un contexto de exigencias europeas de estabilidad y control del gasto.
Educación y cultura: universidades populares e identidad
El bloque educativo y cultural dejó una de las leyes con mayor consenso: la Ley de Universidades Populares de Canarias, aprobada en noviembre. La norma regula por primera vez este modelo de educación no formal, orientado a la formación a lo largo de la vida, la participación ciudadana y el acceso a la cultura, especialmente en ámbitos locales y rurales.
Desde la tribuna parlamentaria se destacó su papel como herramienta de cohesión social y lucha contra la desigualdad educativa, aunque algunos grupos reclamaron mayor dotación económica y coordinación con cabildos y ayuntamientos.
Medio ambiente y protección civil: la Ley de Volcanes
Uno de los hitos legislativos de 2025 fue la aprobación de la Ley de Volcanes de Canarias, una norma pionera en el Estado que fija un marco específico para la prevención, gestión de emergencias y reconstrucción tras erupciones volcánicas. La ley nace de la experiencia reciente en La Palma y fue respaldada por una amplia mayoría parlamentaria.
El texto establece mecanismos de compensación, planificación territorial y coordinación institucional, y ha sido presentado como un avance estructural para un territorio con riesgos naturales singulares.
Ciencia e innovación: el debate que continuará
Aunque no culminó su tramitación en 2025, la Ley Canaria de la Ciencia protagonizó parte del debate parlamentario del año. La Cámara dio luz verde a su tramitación, abriendo un proceso que continuará en 2026 y que ya ha generado controversia sobre la participación de las universidades y la comunidad científica en su elaboración.
Un Parlamento marcado por el control y la rendición de cuentas
Más allá de las leyes aprobadas, 2025 ha consolidado un Parlamento centrado en el control de la acción del Gobierno, con debates recurrentes sobre financiación autonómica, sostenibilidad fiscal, servicios públicos y modelo de desarrollo. Las normas aprobadas reflejan una estrategia de consolidación institucional, pero también dejan abiertas discusiones que seguirán marcando la agenda política canaria en los próximos meses.
