La sesión plenaria del Parlamento de Canarias de este martes 28 de octubre someterá al presidente del Gobierno, Fernando Clavijo, a un intenso fuego cruzado con ocho preguntas que demuestran la fragilidad del eje de su Ejecutivo. La oposición, liderada por el Grupo Socialista, y un socio de gobierno, Coalición Canaria, han orquestado preguntas que parecen coordinadas en los puntos más sensibles de la gestión: la emergencia social y la credibilidad institucional. La pregunta mñasexótica: de Raúl Acosta (Mixto) sobre la flota fantasma rusa pone a Canarias en el contexto de la guerra en Ucrania y la vigilancia del Atlántico. Clavijo deberá conciliar la soberanía nacional (competencia del Estado) con la preocupación regional por la seguridad marítima.
El síntoma más claro de la tensión interna proviene, paradójicamente, de un diputado de CC, quien presiona al presidente con la urgente necesidad de medidas para aliviar la emergencia habitacional. Esta interpelación, aunque formulada como una petición, es una táctica de Coalición Canaria para obligar al Partido Popular a comprometerse públicamente con soluciones rápidas y visibles, blindando la posición de su propio partido ante el electorado más afectado por la crisis de precios y acceso a la vivienda.
La ofensiva socialista, a través de Sebastián Franquis, ataca la línea de flotación del Ejecutivo al cuestionar la «preocupante falta de capacidad de gestión» y el «deterioro de los servicios públicos», vinculando la eficacia del Gobierno directamente a los indicadores de ejecución presupuestaria. Se trata de un asalto directo a la narrativa de «buena gestión» que el bipartito ha intentado vender, forzando al Presidente a justificar los incumplimientos.
El tercer gran foco de la sesión es la crisis de confianza en el sector sanitario. El Grupo Nueva Canarias exige, con una crudeza inusual, el cese del director del Servicio Canario de la Salud por presuntamente usar datos personales para atacar a un diputado. Este incidente no solo escala la batalla política al plano ético, sino que obliga al presidente a defender públicamente una figura cuestionada del PP, arriesgándose a un desgaste severo en un área que ya es crítica por el colapso hospitalario que también señala VOX, a través de la situación de pacientes con alta que siguen ingresados. El Pleno, en definitiva, no será un debate legislativo, sino una auditoría pública sobre la credibilidad y la capacidad del Gobierno para controlar a su propia administración.
