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ULPGC: 6.749 contratos menores por un valor de 10,6 millones de euros, frente a solo 29 contratos formalizados

Raquel Molina Betancor por Raquel Molina Betancor
3 de marzo de 2026 · 11:47 - Actualizado 5 de marzo de 2026 · 21:12
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Tiempo de lectura: 3 minutos
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En el laberinto administrativo de la ULPGC, la realidad económica se deshace como la arena de las Canteras bajo un aguacero de invierno. El último informe de fiscalización de la Audiencia de Cuentas no es solo un documento contable; es el acta de una decadencia burocrática donde el control se ha vuelto una ficción necesaria para justificar el gasto.

Hay servicios de pago que por su cuantía anual deberían ser licitaciones abiertas (limpieza de cristales, suministros de oficina, mantenimiento de software) se trocean en facturas menores a 15.000 euros para que el Rectorado pueda adjudicarlos directamente sin publicidad. Un grupo reducido de proveedores locales acapara hasta el 30% de estos contratos menores, repitiendo adjudicaciones mes tras mes, lo que la Audiencia califica como una «vulneración de los principios de libertad de acceso a las licitaciones». Mientras las empresas cobran con puntualidad suiza tras la nulidad, la Universidad tiene 9.198,23 euros en ingresos por matrículas «volando» sin identificar, una cifra pintoresca que demuestra que es más fácil pagar a un gigante de la seguridad sin contrato que casar el ingreso de un alumno de Grado.

Migdalia Machín | Foto: Gobierno de Canarias
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Observar el balance de una institución que no sabe cuántos botes de pintura posee, o que envía sus cuentas a un ministerio equivocado por simple «error de mecanografía», es enfrentarse al vacío existencial de la gestión pública. Aquí, los contratos menores son la norma y la transparencia una anomalía estadística. Es la imagen de una academia que, mientras teoriza sobre el futuro, naufraga en un presente de facturas en nulidad y un servicio de control interno tan mermado que su propia existencia parece un acto de fe.

El caos del inmovilizado: Una universidad que no sabe lo que tiene

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El dato más pintoresco, y a la vez más alarmante, es la incapacidad de la ULPGC para identificar su propio patrimonio. La institución carece de un detalle extracontable completo de su inmovilizado material, omitiendo información tan básica como la naturaleza y la calificación jurídica de sus bienes a finales de 2024. En términos prácticos, esto significa que la Universidad gestiona un balance de 85,7 millones de euros sin que los auditores puedan verificar si la valoración de sus terrenos y edificios es real o una simple estimación contable.

Contratos a dedo y nulidades en serie

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La contratación se ha convertido en el gran agujero negro de la gestión. En 2024, la ULPGC tramitó 6.749 contratos menores por un valor de 10,6 millones de euros, frente a solo 29 contratos formalizados. El Servicio de Control Interno (SCI) advierte que se está abusando de la nulidad de pleno derecho como forma habitual de pago: se contrata sin seguir el procedimiento legal, se incurre en causa de nulidad y luego se convalida el pago de las facturas para evitar el enriquecimiento injusto. Es una maquinaria de «hechos consumados» donde el control llega cuando el dinero ya ha salido de la caja.

El error de la Fundación Lucio de las Casas

Dentro del ecosistema dependiente, la Fundación Canaria Lucio de Las Casas protagoniza el momento más surrealista del informe. La entidad remitió sus cuentas anuales al Ministerio de Justicia en Madrid para su inscripción, en lugar de hacerlo al Protectorado de Fundaciones de Canarias, como exige la ley. A pesar de que la Fundación alegó que fue un error subsanado, la Audiencia de Cuentas mantiene la tacha, señalando que incluso en el segundo intento volvieron a remitir la documentación a la Administración General del Estado en lugar de al órgano autonómico competente.

Un control interno en cuidados intensivos

La supervisión de estos millones recae sobre un Servicio de Control Interno que el informe describe como «notablemente mermado». Desde junio de 2024, el servicio quedó integrado exclusivamente por su director, careciendo de personal técnico para realizar sus funciones básicas. Esta precariedad imposibilita tareas tan críticas como la intervención material del gasto o la presencia en mesas de contratación, dejando la puerta abierta a que los centros gestores operen con una autonomía que roza la opacidad.


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Raquel Molina Betancor

Raquel Molina Betancor

Raquel Molina Betancor es una periodista veterana especializada en investigación, con una trayectoria marcada por el rigor, la paciencia y el trabajo de fondo en temas de poder, corrupción y transparencia institucional. Se formó en el periodismo de calle y de tribunales, y colaboró en medios como Público, donde desarrolló reportajes y análisis basados en documentación, fuentes contrastadas y seguimiento judicial a largo plazo. Defensora del periodismo como oficio y no como espectáculo, su trabajo se ha centrado en destapar dinámicas opacas de la administración y en contar historias incómodas con datos, contexto y bastante mala leche bien dirigida.

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