El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha dado un varapalo a las empresas que se niegan a aceptar certificados médicos privados para justificar el permiso retribuido por consulta médica. La Sala de lo Social ha estimado la demanda de conflicto colectivo presentada por la Coordinadora Estatal del Sector de Handling y Aéreo (CESHA) contra Atlántica de Handling SLU, reconociendo que los trabajadores pueden justificar su ausencia con un certificado tanto de la sanidad pública como de la privada. La sentencia, de 22 de octubre de 2026, afecta a unas 500 personas que trabajan para la compañía en las islas.
La resolución, ponente de la magistrada Gloria Poyatos Matas, pone fin a un litigio que se centraba en el artículo 53.13 del IV Convenio colectivo de la empresa, publicado en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) el 2 de abril de 2025. Ese artículo regula el permiso para acudir al médico y exige preavisar «con la máxima antelación posible» y aportar un justificante con la fecha, hora de inicio y fin de la consulta. El permiso dura dos horas o el tiempo que certifique el facultativo.
La empresa alegaba un posible uso abusivo
Atlántica de Handling sostenía que el permiso solo cubría las consultas del sistema público de salud, argumentando que admitir la medicina privada «podría usarse abusivamente». Los sindicatos CCOO y UGT, que también figuraban como demandados, se allanaron a la petición de CESHA.

El tribunal rechaza la falta de interés actual
Antes de entrar en el fondo, la Sala rechazó la excepción de falta de interés actual planteada por la compañía. La empresa alegaba que el único conflicto previo era una sentencia de un juzgado de lo social de Santa Cruz de Tenerife de 2013, que la condenó a pagar 47,99 euros a un trabajador por descontarle el tiempo de ausencia al justificar una consulta con un médico privado. El tribunal señala que ese derecho no solo se negó entonces, sino que «es también negado por iguales razones en el momento actual», como muestra la propia contestación de la empresa a la demanda. Por eso aprecia «un interés real, directo y actual» de la plantilla.
Interpretación literal y finalista
En cuanto al fondo, la sentencia interpreta el artículo con varios criterios. Según su texto literal, el convenio habla de «justificante médico», «médico» o «facultativo». Estos términos, «sin perjuicio del reproche que pueda hacerse por la ausencia del lenguaje inclusivo», no exigen «de manera expresa que sea del sistema público de asistencia sanitaria». Tras consultar el Diccionario de la Real Academia Española, la Sala concluye que «ningún condicionante expreso se preceptúa en su regulación literal». En términos literales, por tanto, quedaría incluida «cualquier persona facultativa de la medicina sea del sector público o del sector privado».
Desde el punto de vista finalista, el tribunal subraya que quienes negociaron el convenio quisieron regular un permiso retribuido para que la plantilla pueda acudir a consulta por razones de salud. Se trata de un derecho protegido en el artículo 43 de la Constitución. A su juicio, «el hecho de no prestar servicios en el sistema público de salud no incide en las capacidades profesionales de la persona facultativa», que puede igualmente «atender, diagnosticar, prescribir medicación o, en su caso tratamiento». Por ello concluye que la finalidad del permiso «queda igualmente colmada con persona facultativa pública o privada. No hay diferencia práctica».
Perspectiva de género
La sentencia incorpora además de forma expresa la perspectiva de género como criterio de interpretación. Con datos de la Encuesta de Salud de España 2023, del INE y el Ministerio de Sanidad, la Sala constata que las mujeres acuden a la consulta médica más que los hombres. En el periodo analizado lo hizo el 31,3% de ellas, frente al 23,6% de ellos. En la franja de 35 a 44 años, la diferencia sube hasta los 10 puntos. Las trabajadoras soportan además una brecha salarial del 16,07% en 2024, según el INE.
Ante ese «mayor impacto» sobre la población femenina trabajadora, el tribunal afirma que debe «extremar las cautelas interpretativas integrando la perspectiva de género». La resolución recuerda que esta perspectiva «no es una opción para quien juzga, sino un mandato legal imperativo», tal como confirma la doctrina del Tribunal Constitucional. Añade que es «una obligada metodología de resolución» en los conflictos que involucran relaciones asimétricas o patrones estereotípicos de género, «aún cuando las partes no lo soliciten expresamente».
Un resumen en lenguaje claro
Otra particularidad de la sentencia es que uno de sus fundamentos jurídicos está dedicado a resumirla en lenguaje claro. La Sala lo hace en aplicación de la Ley Orgánica 5/2024, de 11 de noviembre, del Derecho de Defensa, y «dado el impacto social de esta resolución». En ese apartado, escrito «con lenguaje sencillo y comprensible», explica directamente a las personas afectadas que «la sentencia reconoce que el permiso retribuido para acudir a consulta médica puede justificarse tanto con un certificado de la sanidad pública como de la privada». Aclara también que una persona facultativa «es cualquier persona legalmente autorizada para ejercer la medicina». Por eso, «sea público o privado tiene la misma capacidad profesional para atender, diagnosticar o prescribir un tratamiento».
Preguntas frecuentes
¿Qué ha decidido el TSJC sobre los certificados médicos privados?
El Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha reconocido que el permiso retribuido para acudir a consulta médica puede justificarse con un certificado tanto de la sanidad pública como de la privada. La Sala de lo Social estimó la demanda de CESHA contra Atlántica de Handling, concluyendo que la empresa debe aceptar sin distinción los justificantes expedidos por profesionales de ambos sectores. La sentencia interpreta que el convenio colectivo no exige que el facultativo pertenezca al sistema público, y que la finalidad del permiso se cumple igualmente con un médico privado.
¿A cuántos trabajadores afecta esta sentencia?
La resolución afecta a unas 500 personas que trabajan para Atlántica de Handling SLU en las islas Canarias. El fallo tiene carácter colectivo, por lo que beneficia a toda la plantilla de la empresa en el archipiélago. La sentencia del TSJC sienta un precedente importante para el sector del handling y para otras empresas con convenios similares, ya que clarifica que los certificados médicos privados son válidos para justificar el permiso retribuido por consulta médica.
¿Qué argumentaba la empresa para no aceptar certificados privados?
Atlántica de Handling sostenía que el permiso solo debía cubrir las consultas del sistema público de salud, alegando que admitir la medicina privada «podría usarse abusivamente». La empresa interpretaba que el convenio colectivo se refería implícitamente a la sanidad pública. Sin embargo, el tribunal rechazó este argumento, señalando que el texto del convenio no distingue entre ambos sistemas y que la capacidad profesional del facultativo es la misma independientemente de su ámbito de ejercicio.
¿Qué es la perspectiva de género y cómo se aplica en esta sentencia?
La perspectiva de género es un criterio interpretativo que considera las desigualdades estructurales entre hombres y mujeres. En esta sentencia, el TSJC la aplica porque las mujeres acuden más a consultas médicas que los hombres (31,3% frente a 23,6% en 2023) y soportan una brecha salarial del 16,07%. Una interpretación restrictiva del permiso podría afectarles más, aumentando esa brecha. El tribunal recuerda que esta perspectiva es un mandato legal imperativo, no una opción, y debe integrarse incluso si las partes no lo solicitan.
¿Qué implica esta sentencia para el futuro de los permisos retribuidos?
La sentencia del TSJC establece que las empresas deben aceptar certificados médicos privados para justificar el permiso retribuido por consulta médica, siempre que cumplan los requisitos del convenio. Esto refuerza el derecho a la salud de los trabajadores y evita discriminaciones por el sistema sanitario elegido. Además, sienta jurisprudencia en Canarias y podría influir en otros convenios colectivos con cláusulas similares, obligando a las empresas a adaptar sus prácticas para no vulnerar este derecho.















