El Cabildo de Fuerteventura ha protagonizado el episodio más crítico de opacidad administrativa según el último informe de la Audiencia de Cuentas de Canarias. La institución insular donde gobiernan CC con PSOE se ha convertido en la única de todo el archipiélago que ha rechazado frontalmente colaborar con el organismo fiscalizador en materia de integridad institucional.
El informe tenía como objetivo verificar si los Cabildos habían cumplido sus compromisos de implantar formación ética para altos cargos y empleados. Sin embargo, la administración majorera ha optado por un silencio absoluto, incumpliendo su obligación legal de remitir la información solicitada. Esta actitud ha impedido cualquier evaluación sobre sus mecanismos de control de riesgos y prevención de la corrupción.
Lo más llamativo de esta resistencia es que el Cabildo de Fuerteventura ya había manifestado previamente su intención de incluir acciones formativas sobre integridad institucional tras las auditorías de 2021. No obstante, a la hora de rendir cuentas sobre la ejecución real de dichos planes entre 2022 y 2025, la corporación ha decidido dar la espalda al regulador. Mientras que el resto de los Cabildos atendieron los requerimientos —algunos tras reiteradas solicitudes—, Fuerteventura destaca como el único «punto negro» en el mapa de transparencia de las islas. Para la Audiencia de Cuentas, este bloqueo no solo supone un incumplimiento normativo, sino que debilita el fomento de una cultura ética necesaria para que los riesgos de gestión sean residuales.
Esta «estrategia de opacidad» sitúa al Cabildo en una posición comprometida frente al Parlamento de Canarias, especialmente cuando la formación en valores es considerada hoy una competencia básica para la rendición de cuentas y el liderazgo público.
Noticia escrita por Gara Vega. Editado y verificado por Pedro Marrero. Información cruzada sin filtros institucionales. Este análisis no ha sido financiado por publicidad oficial ni condicionado por intereses de lobby.
