El TSJC condena al Ayuntamiento a compensar el abuso de temporalidad y añade 2.500 euros por no haber estabilizado la plaza de una auxiliar administrativa.
El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha condenado al Ayuntamiento de Firgas a indemnizar con 7.501 euros a una auxiliar administrativa que permaneció más de 27 años vinculada a la corporación mediante una relación laboral temporal. La resolución considera acreditado el abuso de temporalidad y agrava la compensación porque el consistorio no puso en marcha el procedimiento de estabilización de su personal laboral.
La trabajadora comenzó a prestar servicios municipales el 1 de octubre de 1997. En 2014 obtuvo judicialmente la condición de personal laboral indefinido no fijo, una situación que mantuvo sin que se resolviera definitivamente la precariedad de su vínculo con la Administración.
La afectada reclamó 10.000 euros por los perjuicios derivados de esta situación. Su demanda fue inicialmente rechazada por el órgano judicial de primera instancia, pero la Sala de lo Social del TSJC ha estimado parcialmente su recurso.

Una indemnización que aumenta con los años de abuso
La sentencia establece una escala de compensaciones mínimas por el daño moral asociado a la contratación temporal abusiva. El criterio principal es la duración de la situación irregular, con independencia del salario que perciba la persona afectada.
El tribunal distingue tres tramos: 1.000,10 euros cuando el abuso supera los tres años y no excede de ocho; 2.000,10 euros cuando supera los ocho y llega hasta dieciséis; y 5.001 euros cuando se prolonga más de dieciséis años.
Estas cantidades constituyen mínimos orientativos para compensar el perjuicio moral. Si el trabajador acredita daños superiores, la indemnización puede incrementarse.
El criterio responde a la necesidad de establecer compensaciones proporcionadas y previsibles ante situaciones de abuso en la contratación temporal, sin que la reparación económica suponga automáticamente la conversión del trabajador en personal fijo.
La falta de estabilización encarece la condena
En el caso de Firgas, a los 5.001 euros correspondientes a la duración del abuso se añaden otros 2.500 euros por una circunstancia específica: el Ayuntamiento no puso en marcha el procedimiento de estabilización de su personal laboral, que debía haber concluido en 2024.
Según la resolución, esta omisión impidió a la demandante disponer de una oportunidad para estabilizar su plaza. El tribunal considera que la conducta municipal produjo un perjuicio adicional al derivado de la prolongación del contrato temporal.
La sentencia recoge también que el Ayuntamiento había consultado al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública sobre esta cuestión. La respuesta recibida en diciembre de 2024 sirve al tribunal para acreditar que la corporación conocía las consecuencias de no convocar el proceso.
La resolución identifica a Firgas como el único municipio canario que no había puesto en marcha ese procedimiento de estabilización del personal laboral.
La Inspección de Trabajo podrá iniciar actuaciones
La condena económica no es la única consecuencia de la resolución. La Sala ha acordado remitir testimonio de la sentencia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para que valore el inicio de un procedimiento sancionador por el incumplimiento de las normas sobre contratación temporal.
Esta decisión no equivale a una sanción administrativa ya impuesta. Corresponderá a la autoridad laboral determinar si procede iniciar actuaciones y, en su caso, resolverlas conforme al procedimiento correspondiente.
El fallo aplica la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y del Tribunal Supremo sobre las medidas necesarias para reparar y disuadir el abuso de temporalidad en las administraciones públicas.
La sentencia puede recurrirse en casación para la unificación de doctrina ante el Tribunal Supremo. Por tanto, la condena no debe presentarse todavía como firme.















