El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha trasladado que una comunicación oficial de la Organización Mundial de la Salud obligó a reconsiderar el destino de un crucero afectado por casos de *hantavirus* que navegaba próximo a aguas de Canarias.
Según la versión ofrecida por el ministro, la misiva de la OMS, remitida al Gobierno español, hace referencia a artículos del Reglamento Sanitario Internacional que señalan la necesidad de que el buque sea derivado al *puerto más cercano* de España. La declaración ha alterado el curso inicial, en el que las autoridades centrales y autonómicas discutían mantener el tránsito de la embarcación hasta un puerto en el norte de Europa.
Desde el Ejecutivo regional canario se ha reclamado claridad y coordinación. Torres ha explicado que ha mantenido contactos permanentes con el presidente del Gobierno de Canarias y ha facilitado el diálogo con la ministra de Sanidad para encauzar la respuesta sanitaria. En el crucero viajan personas de distintas nacionalidades, incluidos ciudadanos españoles de varias comunidades autónomas; algunas han sido evacuadas y se han registrado también fallecimientos entre las personas afectadas, según los partes trasladados por las autoridades.
El caso plantea, además de la gestión inmediata, un dilema sobre la competencia y la responsabilidad: la aplicación de protocolos internacionales frente a la autonomía local. En este punto, Torres subrayó la obligación de atenerse a normas sanitarias que vinculan a los Estados miembros, lo que, en su valoración, justificó la decisión de desviar la nave.
Especialistas consultados por distintas administraciones insisten en priorizar medidas proporcionales, con trazabilidad, aislamiento y atención sanitaria adecuada para los afectados. La respuesta técnica debe garantizar simultáneamente la protección de la población local y el respeto a la dignidad y los derechos de los pasajeros y tripulación.
Desde una perspectiva de libertades individuales y gestión limitada, la polémica subraya la necesidad de procedimientos claros y transparentes: decisiones administrativas extraordinarias deben sustentarse en motivaciones sanitarias verificables y en comunicaciones oficiales por escrito que permitan a gobiernos regionales y ciudadanos evaluar razones y recursos.
En lo inmediato, corresponderá a la ministra de Sanidad informar sobre el puerto de atraque y las medidas concretas de salud pública una vez se concrete el desvío. Torres ha asegurado lealtad institucional con el Gobierno de Canarias y ha apelado a la cautela y la colaboración entre niveles de gobierno para resolver la crisis conforme a los protocolos.
Mientras avanza la coordinación, el llamado general es a la calma informada: combinar la acción sanitaria rápida con el respeto al marco legal internacional y la rendición de cuentas pública para minimizar impactos sociales y económicos en las islas.
