La política canaria ha entrado en una fase de supervivencia donde la aritmética choca frontalmente con el instinto de conservación. En los pasillos de Presidencia en Santa Cruz de Tenerife, la teoría del suicidio político sobrevuela cada reunión del Consejo Asesor: el Gobierno de CC y PP sabe que tiene la llave de 941 millones de euros en subvenciones, pero prefiere mantener el brazo extendido hacia Madrid antes que activar la guillotina presupuestaria.
El Ejecutivo de Canarias prefiere pedir permiso para endeudarse —pasándole la factura a los canarios de 2040— antes que eliminar las subvenciones a patronales, sindicatos y cámaras de comercio que sostienen su relato político. El «suicidio» no vendría por dejar de ayudar al ganadero de Valverde, sino por dejar de financiar a quienes aplauden en Santa Cruz.
Gran parte del apoyo que CC recibe de los agentes sociales se engrasa con subvenciones directas para cursos de formación, estudios de competitividad y oficinas de asesoramiento que las propias organizaciones deberían costear con sus cuotas. Eliminar la financiación pública de la paz social es el mayor miedo del Ejecutivo, pero es el recorte más ético antes de pedir deuda: Ahorro estimado, 25-35 millones de euros. Es una ‘miseria’ pero también un volantazo para que la sociedad vea lógico apretarse en cinturón.
Tocar esa partida milmillonaria en pleno estallido de la guerra en Irán no sería un ajuste técnico; sería desmantelar el ecosistema que sostiene la paz social del archipiélago. En 2023 fueron 945 millones de euros según los datos del Comisionado de Transparencia del Parlamento de Canarias. En 2021, con la marea alta del Covid19, unas 3.245 organizaciones privadas recibieron sobre los 1.327 millones de euros en ayudas oficiales de administraciones canarias.
El presupuesto de 12.491 millones aprobado en diciembre se ha convertido en un campo de minas. Mientras Fernando Clavijo y Manuel Domínguez denuncian el «fiasco» de las medidas de Pedro Sánchez, mantienen intacta una red de transferencias que riega desde el sector primario hasta el tejido asociativo y empresarial. La teoría es clara: recortar esas ayudas de entrada supondría señalar con nombres y apellidos a los perdedores de la crisis. Ningún gobernante quiere ser quien firme el acta de defunción de las explotaciones ganaderas de las islas no capitalinas o el fin de los incentivos a la contratación justo cuando el crudo a 200 dólares amenaza con paralizar el consumo.
Gran parte de dinero en ayudas oficiales se canaliza a través de subvenciones a ONGs y Cabildos que gestionan centros de mayores, comedores sociales y atención domiciliaria. El caos: Estos colectivos operan con márgenes financieros mínimos. Un recorte aquí significaría el despido de miles de cuidadores y el abandono de miles de ancianos y personas con discapacidad. A diferencia de un bache en una carretera, el colapso del sistema de cuidados genera un drama humano televisado que ningún gobierno puede sobrevivir políticamente.
Esta parálisis del gasto propio explica por qué la estrategia oficial se ha reducido a mendigar. Es políticamente más rentable —y menos doloroso en las urnas— culpar a la «falta de sensibilidad» de la ministra María Jesús Montero que auditar la eficiencia de casi mil millones de euros en gasto discrecional. El Ejecutivo canario se encuentra atrapado: si recorta, rompe el frente común con patronal y sindicatos; si no recorta y Madrid no cede con la regla de gasto, el presupuesto «zombi» terminará devorando los servicios públicos esenciales por pura inanición financiera.
El suicidio político reside en la imposibilidad de elegir. Mantener las subvenciones a toda costa mientras se implora por caridad financiera en Madrid proyecta una imagen de administración desbordada y sin plan B. Sin embargo, la alternativa es un hachazo que dejaría a las islas sin el colchón que amortigua la inflación bélica. En marzo de 2026, Canarias no solo se enfrenta a una crisis energética y logística; se enfrenta a un Gobierno que prefiere hipotecar el futuro con nueva deuda antes que asumir el coste electoral de admitir que el banquete de las subvenciones se ha terminado.
