El mercado de la sanidad externa en el archipiélago canario ha entrado en una fase de parálisis técnica que amenaza con redefinir las relaciones entre el sector público y los grandes operadores privados. El Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Canarias ha suspendido cautelarmente el megaconcurso de 155 millones de euros para el servicio de hemodiálisis extrahospitalaria, tras las impugnaciones presentadas por la local Avericum y la multinacional alemana Fresenius Medical Care.
El bloqueo de este contrato, uno de los activos más voluminosos del Servicio Canario de Salud (SCS), se produce apenas semanas después de que el concierto de hospitalización de 180 millones quedara desierto, confirmando una brecha creciente entre las expectativas de costes de la administración y la realidad operativa de las empresas. En esta ocasión, los recurrentes alegan que los pliegos sufren de «anemia económica»: tarifas que no cubren los precios de mercado e incongruencias técnicas que harían inviable la prestación del servicio.
Duelo de gigantes bajo la lupa
La batalla legal no solo destaca por las cifras, sino por el historial de los protagonistas. Fresenius, líder global en diálisis y propietaria de Quirónsalud, llega al conflicto tras haber saneado sus políticas de compliance a nivel mundial después de admitir en 2019 ante la SEC de EE. UU. el pago de sobornos a médicos en varios países, incluido España, para obtener información privilegiada.
Por su parte, la canaria Avericum, dirigida por el abogado Francisco Javier Artiles, ha construido su imperio regional mediante una agresiva política de precios bajos que en el pasado le permitió arrebatar contratos con rebajas de hasta el 30%. Resulta paradójico que sea ahora Avericum quien denuncie que los 165,02 euros por sesión fijados por el SCS son insuficientes, alegando una «indefinición absoluta» en la memoria de costes que ignora el beneficio industrial.
Incongruencias en el «puerto seguro» de la diálisis
El recurso de Fresenius añade una capa de complejidad técnica que apunta a una deficiente planificación del contrato. Según la multinacional, el SCS ha diseñado una licitación de naturaleza extrahospitalaria, pero impone requisitos de integración de infraestructuras propios de un entorno intrahospitalario. Esta «ambigüedad estructural» obligaría a las empresas a asumir costes indeterminados que dependen de la voluntad arbitraria de los hospitales de referencia. Ambas compañías coinciden en un punto crítico para la libre concurrencia: si el concurso avanzaba y se abrían las ofertas económicas antes de resolver las dudas técnicas, se rompería la confidencialidad necesaria para una competencia real en caso de que el tribunal obligue a reiniciar el proceso.
