
El Ayuntamiento de Telde ha calificado de «crítica» la situación de su litoral tras el reciente encuentro mantenido en la sede de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca. El alcalde, Juan Antonio Peña, que acudió a la cita acompañado por el concejal de Aguas, Juan Francisco Jiménez, y técnicos municipales, ha mostrado su profunda decepción ante una reunión que, lejos de despejar las incógnitas sobre la crisis de vertidos orgánicos, ha generado una mayor incertidumbre institucional. El primer edil lamentó que, en un escenario donde la ciudadanía exige respuestas urgentes tras meses de cierres de playas y afecciones ambientales, el Ejecutivo autonómico no haya sido capaz de trasladar ninguna información relevante ni un compromiso firme que permita vislumbrar el fin de la actividad acuícola en la costa teldense.
La principal barrera detectada durante la reunión fue la negativa de la Consejería, dirigida por Narvay Quintero, a facilitar el acceso a los expedientes administrativos relacionados con las autorizaciones y la actividad de las jaulas. El Gobierno de Canarias amparó este silencio en un supuesto secreto de sumario dictado por la Fiscalía, un argumento que el consistorio rechaza al considerar que se está negando información básica para actuar con responsabilidad en materia de salud pública y medio ambiente. Esta falta de transparencia se suma a la ausencia total de un calendario de desmantelamiento, ya que, según se desprendió del encuentro, no existe una fecha de cese de actividad previa al año 2029, fecha en la que expira la concesión actual.
Para el grupo de gobierno municipal, el supuesto acuerdo de desmantelamiento anunciado previamente por el Gobierno de Canarias carece de validez real, al no ser vinculante ni de obligado cumplimiento para la empresa encargada de las instalaciones. Peña denunció que el municipio se encuentra en una situación de «absoluta indefensión», supeditando el bienestar del litoral a la voluntad privada de la compañía. En este sentido, el alcalde fue especialmente crítico con los anuncios realizados por la Consejería semanas atrás, calificándolos de «cortinas de humo» y estrategias de distracción diseñadas para rebajar la presión de las movilizaciones ciudadanas, pero que carecen de un respaldo administrativo que los sustente.
El Ayuntamiento recordó que los problemas de contaminación y la pérdida de calidad ambiental en playas como Melenara o Salinetas no son episodios aislados, sino un conflicto recurrente que la hemeroteca se encarga de confirmar año tras año. Esta gestión «insuficiente» por parte del Ejecutivo regional ha agotado la paciencia del consistorio, que critica que se sigan acumulando titulares sobre vertidos sin que se adopten decisiones valientes y estructurales. La falta de un plan de acción concreto evidencia, a juicio del gobierno local, una desconexión entre las promesas políticas y la realidad administrativa que sufren los vecinos y el sector pesquero de la zona.
Ante este bloqueo, Telde ha reafirmado su intención de defender el litoral con firmeza, exigiendo la entrega inmediata de la documentación solicitada y el establecimiento de medidas urgentes que garanticen la seguridad sanitaria en sus aguas. El alcalde concluyó advirtiendo que el municipio no se resignará a esperar a 2029 mientras la costa sigue deteriorándose, insistiendo en que la transparencia y la responsabilidad deben primar sobre las evasivas técnicas. La defensa de la economía local y la salud de los bañistas marcan ahora la hoja de ruta de un Ayuntamiento que exige «hechos y no excusas» para cerrar definitivamente un capítulo oscuro en la gestión ambiental de Gran Canaria.














