El pleno del Parlamento de Canarias de este viernes servirá para trasladar a la Cámara regional una preocupación que, en realidad, se juega lejos del Atlántico: en los despachos de la Comisión Europea y en la futura negociación del Marco Financiero Plurianual (MFP) 2028-2034. El Gobierno canario ha puesto negro sobre blanco un diagnóstico severo: la propuesta de Bruselas, bajo la bandera de la ‘simplificación’, pone en riesgo el armazón jurídico y financiero que ha protegido históricamente a las Regiones Ultraperiféricas (RUP).
Desde la óptica comunitaria, el documento canario revela una tensión institucional de fondo. La Comisión aspira a centralizar, agrupar y reducir programas; Canarias teme quedar diluida en una programación nacional donde su singularidad dependa más de la voluntad política del Estado que de un compromiso estructural de la Unión.
La batalla de los fondos: menos programas, más poder para los Estados
El eje del conflicto es la nueva arquitectura presupuestaria propuesta para el próximo septenio. Bruselas plantea agrupar políticas hasta ahora diferenciadas -Cohesión, Agricultura, Pesca, Migración- en un Fondo Europeo único, ejecutado mediante planes de colaboración nacional y regional.
Para Canarias, el riesgo es claro: una renacionalización encubierta de políticas que históricamente han tenido un tratamiento específico para las RUP. El traslado del centro de gravedad decisorio del nivel regional al nacional no es un detalle técnico, sino un cambio político de primer orden.
El Posei, línea roja absoluta
Pocas cuestiones generan tanta unanimidad en Canarias como la defensa del Posei. El documento remitido al Parlamento califica su posible desaparición como programa autónomo como una «desnaturalización» del acervo comunitario de las RUP.
La paradoja es evidente: la Comisión Europea ha reconocido reiteradamente la eficacia del Posei, pero ahora propone integrarlo en capítulos genéricos de planes nacionales en nombre de la simplificación administrativa. Para el Ejecutivo canario, esto no solo vacía de contenido el programa, sino que debilita una de las pocas herramientas diseñadas específicamente para compensar los sobrecostes estructurales del archipiélago.
No se trata solo de mantenerlo. Canarias eleva la apuesta y reclama duplicar su ficha financiera hasta los 3.752 millones de euros, argumentando que los costes de la ultraperiferia se han disparado desde 2013 sin una actualización real de los recursos.
El ‘efecto deflactor’: una negociación con calculadora europea
Uno de los aspectos más reveladores del documento es el método utilizado para justificar el aumento de fondos de Cohesión. Canarias no lanza cifras al aire: parte de los 40 euros por habitante del periodo anterior y aplica un deflactor anual del 2%, lo que eleva la petición a 46 euros por habitante y un total de 773 millones de euros.
Es un mensaje dirigido directamente a Bruselas: la región habla el lenguaje técnico de la Comisión y exige coherencia presupuestaria, no concesiones políticas.
Migración: de emergencia coyuntural a variable estructural del presupuesto
Por primera vez de forma tan explícita, Canarias exige que la migración tenga un tratamiento estructural dentro del MFP, con fondos específicos y capacidad de decisión regional. El argumento es geopolítico: el archipiélago actúa como frontera sur de la Unión, pero sin instrumentos financieros estables para gestionar esa presión.
Desde Bruselas, este punto conecta con un debate mayor: si la UE quiere una política migratoria creíble, deberá aceptar que sus fronteras exteriores no pueden depender solo de soluciones ad hoc.
África y el artículo 349: el temor al ‘cheque en blanco’ al Estado
El documento introduce además una reivindicación estratégica: que los fondos europeos de acción exterior incluyan una contribución obligatoria a los programas de cooperación de las RUP, como el MAC. Canarias recuerda que su cooperación con África no es opcional ni ideológica, sino geográfica.
El trasfondo jurídico es aún más delicado. El Gobierno canario alerta de que la propuesta de la Comisión deja la protección de las RUP «al albur de la programación nacional», algo que, a su juicio, vulnera el artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la UE, que obliga a la Unión -no solo a los Estados- a proteger a estas regiones.
Una advertencia temprana desde el Atlántico
El debate parlamentario de este viernes no cerrará ninguna cifra, pero sí lanza una señal temprana a Bruselas y a Madrid. Canarias no quiere ser un apéndice regional dentro de un plan estatal; exige seguir siendo un sujeto político europeo con reconocimiento propio.
En el MFP 2028-2034 no solo se discuten euros. Se discute si la ultraperiferia seguirá siendo una política común europea o una casilla más en la negociación interna de los Estados miembros. Y en esa batalla, Canarias ha decidido hablar pronto y alto.
Noticia escrita por Pedro Marrero. Editado y verificado por Gara Vega H. Información cruzada sin filtros institucionales. Este análisis no ha sido financiado por publicidad oficial ni condicionado por intereses de lobby.
