La Agencia Tributaria ha formalizado el contrato para vigilar sus edificios y sus embarcaciones en Canarias durante dos años por 2.205.421,80 euros, repartidos en dos lotes que han recaído en la misma adjudicataria. Lo publica el Boletín Oficial del Estado del 2 de septiembre en dos anuncios separados.
El servicio cubre el periodo entre 2026 y 2028, según el objeto del expediente de la Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Canarias.

Fuente: Página Web Oficial Agencia Tributaria
El desglose
- Lote 1, Las Palmas: 1.206.611,21 euros, con 3 ofertas recibidas
- Lote 2, Santa Cruz de Tenerife: 998.810,59 euros, con 3 ofertas recibidas
Los dos van a Biservicus Sistemas de Seguridad S.A.U., con domicilio en Santa Cruz de Tenerife. Los dos anuncios los firma en Las Palmas la Delegada Especial de la AEAT en Canarias, María del Carmen Guillén Prieto, con dos días de diferencia: el del lote 1 lleva fecha de 21 de agosto y el del lote 2 de 23 de agosto.
Lo que cuesta custodiar las puertas
La cifra en bruto impresiona menos que su reparto en el tiempo. Repartidos los 2.205.421,80 euros entre los dos años que declara el objeto del contrato, la vigilancia de las oficinas y los barcos de la Agencia Tributaria en el archipiélago sale a algo más de 1,1 millones de euros anuales.
Es dinero que no persigue fraude, no atiende a ningún contribuyente y no tramita una sola declaración. Paga que alguien custodie las puertas del edificio donde se recauda.
Tres ofertas por lote
Los anuncios del BOE consignan que en cada uno de los dos lotes se recibieron tres ofertas. Es un dato que conviene dejar donde está, sin adornos: en un mercado de seguridad privada con contratos de este tamaño, tres candidatos es lo que se presentó, y la misma empresa ganó los dos.
El BOE no publica ni las puntuaciones ni los importes de las ofertas descartadas, de manera que la distancia entre la ganadora y el resto no consta en el boletín.
Ese es el rasgo que define a los contratos públicos de servicios repetitivos: el cliente no tiene alternativa y no puede dejar de comprar, así que el precio lo fija un procedimiento administrativo en lugar de la competencia por un cliente que podría marcharse.















