La accesibilidad universal en la sanidad no es solo un derecho, sino una necesidad vital para garantizar la equidad. Sin embargo, en Canarias, acudir a un centro de salud o un hospital sigue siendo un reto para las personas con discapacidad intelectual o sensorial. Así se desprende de la respuesta oficial por escrito que el Gobierno de Canarias ha remitido al Parlamento, a raíz de una pregunta de la diputada Natalia Santana (NC-bc). El documento detalla las acciones del Servicio Canario de la Salud (SCS) dentro de su Estrategia de Atención Sanitaria 2025-2029, enumerando un amplio listado de «medidas específicas» existentes. Pero la redacción del texto revela una realidad fragmentada: muchas actuaciones críticas no están generalizadas, limitándose a «algunos centros» o encontrándose aún en fase de proyecto.
La respuesta gubernamental destaca avances concretos y herramientas ya en funcionamiento. Entre ellas, resalta la «identificación proactiva de personas beneficiarias de la Tarjeta sanitaria AA, que permite priorizar la accesibilidad, facilitar la coordinación y adaptar la respuesta asistencial a sus necesidades». Este sistema es clave para agilizar la atención de personas que requieren acompañamiento constante. Asimismo, informa de medidas de comunicación como la «instalación en Áreas administrativas de Centros de Salud de ‘Bucles Auditivos'», el uso de códigos Navilens para el guiado móvil, o la distribución de «sistemas pictográficos para consultas de Atención Primaria», financiados por el Ministerio, dirigidos a personas con TEA o discapacidad intelectual. En el plano asistencial, se mencionan protocolos específicos en pediatría y para adultos con afectación funcional a través de la Enfermería Comunitaria de Enlace.
A pesar de este listado, el análisis de la respuesta parlamentaria concluye que la atención adecuada es heterogénea y depende de la suerte del paciente. El propio texto del Gobierno admite que mejoras físicas críticas como «itinerarios accesibles con pavimento podotáctil, ausencia de obstáculos, rampas con pasamanos» existen solo «en algunos centros». Lo mismo ocurre con el personal especializado, señalando que hay «apoyo en algunos centros, por celadores formados específicamente» o que «se trabaja en algunos centros en puntos de ayuda visual y sensorial». Además, muchas actuaciones fundamentales se describen como proyectos en desarrollo, no como realidades consolidadas. El Ejecutivo afirma que «se está trabajando en facilitar el uso de cartelería con contraste de colores adecuados», que «se está trabajando en algunos centros en puntos de ayuda visual y sensorial», y que «se está implementando una cartelería adaptada a las necesidades de los pacientes» que incluya Braille y textos grandes.
La respuesta del Ejecutivo regional demuestra conocimiento de la problemática y voluntad política para adaptar el sistema sanitario dentro de una estrategia plurianual. No obstante, la evidencia documental expone que el SCS opera, en este ámbito, más como una suma de buenas prácticas locales que como una red asistencial equitativa. Mientras medidas vitales para la autonomía y dignidad de las personas con discapacidad intelectual o sensorial dependan de encontrarse «en algunos centros» o sigan en fase de «trabajando en», el Gobierno de Canarias no podrá garantizar una atención sanitaria verdaderamente adecuada y uniforme en todo el Archipiélago. El reto no es solo diseñar estrategias, sino lograr que la accesibilidad universal deje de ser un proyecto de futuro para convertirse en una realidad presente en cada rincón de la sanidad canaria.
