«No basta con más presupuestos si los protocolos no protegen vidas«. Con esta contundencia, la parlamentaria Esther González ha puesto contra las cuerdas a la Consejería de Sanidad. El debate ha abandonado la frialdad de los datos macroeconómicos para entrar en el terreno de lo humano a través de un testimonio desgarrador: el de un ciudadano cuya pareja, con depresión severa y riesgo suicida recurrente, ha sido víctima de un sistema que González define como una sucesión de altas prematuras y desprotección persistente.
La crítica de NC-BC se dirige a un criterio que muchas familias canarias denuncian en silencio: el ingreso hospitalario parece condicionado a si el paciente es peligroso para los demás, ignorando la gravedad de quien es un peligro para sí mismo. González sostiene que el sistema actual es reactivo y no preventivo, actuando como un espectador ante tentativas de suicidio que se repiten precisamente porque el protocolo falla en el seguimiento tras el alta.
Salud Mental: ¿escudo o escaparate?
Para la oposición, existe una brecha insalvable entre los anuncios institucionales y la realidad de las consultas. Aunque el Gobierno de Canarias ha publicitado un aumento de la financiación, los indicadores de suicidio en las islas -históricamente altos- no dan tregua. La tesis de González es clara: el sistema se está perdiendo en campañas y carteles mientras las familias se sienten solas en un laberinto de burocracia.
La pregunta lanzada a la Consejería de Sanidad es una enmienda a la totalidad de la gestión actual: ¿van a seguir presentando planes que no llegan a tiempo o asumirán que los protocolos han fracasado? La exigencia de una revisión profunda busca que el ingreso y el tratamiento no sean una carrera de obstáculos, sino un escudo real que actúe antes de la tragedia.
Lo que Esther González ha hecho este jueves en el Parlamento no es solo oposición política; es trasladar el trauma social a la tribuna. Canarias se enfrenta a una crisis de salud mental que la pandemia cronificó y que el sistema público, diseñado para la patología física aguda, no sabe gestionar con la flexibilidad que requiere la salud emocional.
El éxito del programa AP Cuida2 demuestra que se puede hacer un seguimiento estrecho. La pregunta que queda en el aire es: ¿Por qué no se aplica esa misma intensidad de seguimiento domiciliario y cercanía a quienes sufren un trastorno mental grave? Si el Gobierno no recoge el guante de esta revisión de protocolos, el riesgo es que el presupuesto se siga diluyendo en una estructura que, como dice González, «no protege a quienes más lo necesitan».
