La administradora general de RTVC, María Méndez, informó que las negociaciones del convenio colectivo de los trabajadores de Radio Canaria se encuentran “al 90 % de acuerdo”, destacando que el proceso “avanza hacia un marco estable y una estructura profesional definida”. Méndez subrayó que el objetivo es consolidar “una plantilla cohesionada” dentro del sistema público audiovisual, en línea con las directrices de eficiencia y sostenibilidad financiera.
En otro punto, la diputada de Vox, Paula Jover, preguntó por los criterios de relación con las productoras audiovisuales. Méndez respondió que el ente opera “bajo el marco estatal de contratación pública”, asegurando que se han implantado “mecanismos de integridad” que protegen la propiedad intelectual, garantizan la confidencialidad de los formatos y fomentan “la generación de riqueza en las islas”. La responsable de RTVC defendió el modelo actual, aunque Jover reclamó una programación anual pública de compras que permita “mayor control y previsibilidad”. A esto, Méndez dijo que tomaba nota.
La diputada socialista Nayra Alemán centró su intervención en los recursos humanos previstos para la futura OTT de RTVC, un proyecto estratégico con el que la televisión y radio públicas aspiran a expandir su oferta digital. Méndez explicó que el concurso prevé personal aportado por el adjudicatario, aunque “por ahora se cuenta con personal propio”, en busca de “productividad y eficiencia sin comprometer la calidad de servicio”. «Le pido una cosa, cuide a sus trabajadores», le dijo Alemán a la máxima ejecutiva de RTVC.
El tramo final de la sesión se dedicó a la revisión documental de los contratos licitados entre abril y agosto de 2025 por RTVC y sus sociedades dependientes, Televisión Pública de Canarias S.A. y Radio Pública de Canarias S.A. Los informes remitidos consolidan la línea de transparencia exigida por el Parlamento, en un momento en que el sector audiovisual regional se encuentra bajo creciente escrutinio político y público. La sesión de este lunes deja entrever el intento del ente público por reforzar su autonomía institucional sin perder control político, una ecuación compleja en un archipiélago donde el audiovisual actúa como herramienta de cohesión territorial, desarrollo económico y diplomacia interna dentro del marco autonómico.
