El Parlamento de Canarias ha dado un paso que puede marcar el futuro de la sanidad en el Archipiélago: estudiar la extensión del sistema quirúrgico robótico Da Vinci a los hospitales de las islas no capitalinas. La iniciativa, impulsada por el Grupo Socialista y aprobada en el pleno de octubre de 2025, obliga al Gobierno a realizar informes técnicos y económicos por centro para evaluar costes, mantenimiento, formación y volumen de intervenciones. Sobre el papel suena a modernización; en la práctica, el debate enfrenta dos realidades: el derecho a la misma tecnología sanitaria viva donde se viva y el elevado precio de una innovación que no siempre es asumible.
El Da Vinci se ha convertido en el emblema de la cirugía mínimamente invasiva. Permite operar con visión tridimensional y brazos robóticos de precisión milimétrica que reducen el sangrado y el daño en tejidos. En 2024 se realizaron en España más de 31.000 intervenciones con este sistema, un 27 % más que el año anterior, especialmente en urología, ginecología y cirugía general. Los especialistas destacan que en prostatectomías el alta puede llegar en 24-48 horas frente a los cuatro o cinco días de la cirugía abierta; en cáncer colorrectal la pérdida sanguínea se reduce hasta un 40 %, y en operaciones ginecológicas la reincorporación laboral se acorta casi a la mitad.
Beneficios clínicos frente al muro del coste
Los defensores del modelo sostienen que no es un capricho tecnológico, sino un salto asistencial. «La robótica aporta una precisión imposible con la mano humana y disminuye complicaciones posoperatorias», explica un cirujano. El 60 % de los robots Da Vinci instalados en España ya están en la sanidad pública y alrededor del 70 % de las operaciones se realizan en ese ámbito, prueba de que la tecnología ha dejado de ser excepcional. Sin embargo, el reverso es contundente: cada equipo cuesta entre 1,7 y 2,7 millones de euros, el mantenimiento anual supera los 175.000 euros y el material por intervención puede rondar 1.000-7.000 euros. A ello se suma la formación de equipos durante meses para garantizar seguridad.
Islas de primera e islas de segunda
El debate canario no es solo clínico, sino territorial. Hoy muchos pacientes de Lanzarote, Fuerteventura, La Palma, La Gomera o El Hierro deben desplazarse a hospitales de referencia para acceder a cirugías robotizadas. Las asociaciones de pacientes denuncian que el código postal sigue pesando más que el diagnóstico. La proposición parlamentaria pretende justamente medir si el volumen de actividad de cada isla justifica la inversión y evitar que la brecha tecnológica se traduzca en una brecha de derechos.
Especialidades con mayor impacto
Los informes preliminares apuntan a que urología oncológica, cirugía bariátrica, ginecología compleja y patología digestiva serían las áreas con mayor rentabilidad social. En cáncer de próstata, por ejemplo, la tasa de incontinencia se reduce de forma significativa; en histerectomías se acortan estancias y se minimizan reingresos; y en cirugía abdominal compleja la precisión robótica permite operar a pacientes antes descartados por alto riesgo. Los expertos advierten, no obstante, que el robot no sustituye al cirujano y que sin un número mínimo de casos anuales la tecnología pierde sentido.
El acuerdo del Parlamento no es aún una compra, pero sí un mensaje político: la innovación sanitaria no puede detenerse en el muelle de las capitales. El Gobierno deberá decidir si la robótica será un servicio público equilibrado o un privilegio geográfico. Mientras llegan los informes, miles de pacientes siguen esperando que la modernidad no dependa del billete de barco o avión, sino del criterio médico.
Noticia escrita por Pedro Marrero. Editado y verificado por Gara Vega H.. Información cruzada sin filtros institucionales. Este análisis no ha sido financiado por publicidad oficial ni condicionado por intereses de lobby.
