La actualización de la Renta Canaria de Ciudadanía (RCC), que en este 2026 culmina un incremento acumulado del 29,75 por ciento con respecto a hace tres años, ha protagonizado titulares este viernes. Pero, el tanto que se apunta el Gobierno de Canarias -la ayuda para una persona sola se incrementa hasta los 733,60 euros mensuales– no permite a los ciudadanos que reciben este aumento ver de lejos la línea que delimita el riesgo de pobreza extrema.
Con el coste de la vida disparado en las islas, especialmente en la cesta de la compra -un encarecimiento continuo denunciado repetidamente de forma estéril durante años- y el mercado del alquiler -listón inalcanzable-, esos 733 euros se sitúan todavía lejos de los casi 950 euros que marcan actualmente el umbral de la pobreza en España. Esta subida, necesaria sin duda para no dejar a las puertas de la indigencia a los componentes de 13.000 hogares canarios, funciona más como un parche de emergencia ante la desesperación de la ciudadanía que como un empujón que permita llegar a fin de mes.
Canarias, con su principal motor económico en crecimiento -23.000 millones de euros en beneficios y en pleno intento de cambiar el modelo- sigue instalada a la cola de casi todos los indicadores de bienestar, con un 33 por ciento de su población en riesgo de exclusión. Para un ciudadano que debe pagar un alquiler medio en las islas -que rara vez baja de los 600 euros-, la prestación se evapora antes de llegar a la tercera semana del mes. El incremento del 30% apenas cubre el encarecimiento de los productos básicos, dejando al beneficiario en una especie de limbo de supervivencia.
La Consejería de Bienestar Social destaca el refuerzo a las familias monoparentales y a las unidades con menores a cargo, pero la estadística es terca: mientras la ayuda no supere el coste real de la vida, la Renta Canaria seguirá siendo un respirador artificial. Evita que miles de familias se hundan más en la precariedad, pero no les otorga la autonomía suficiente para salir de ella.
El éxito de la política social canaria no debería medirse por la cuantía de las ayudas, sino por la gente que deja de necesitarlas. Y, de momento, la cifra de dependientes del sistema no deja de crecer. Paradójicamente, un importante sector de la población ha perdido la esperanza de encontrar trabajo -mayores de 45 años- y depende de las ayudas mientras el sector empresarial demanda personal cualificado. Cifras que no ayudan, precisamente, al crecimiento de ninguna de las partes. Mucho por hacer queda, por tanto, en las islas, donde la justicia social dista mucho de alcanzar el mínimo de dignidad que marca la estadística nacional.
