
En la política educativa, el tamaño sí importa. Especialmente el del grupo-clase. El Gobierno de Canarias ha aprovechado una respuesta parlamentaria al Grupo Socialista para marcar distancias con Madrid y dejar claro quién lidera la carrera por la descompresión de las aulas. Ante la propuesta del Gobierno de España de reducir las ratios en centros con alumnado desfavorecido para el próximo curso, la Consejería de Educación canaria ha respondido con un «bienvenidos al club», recordando que el archipiélago lleva dos años ejecutando su propio Plan Plurianual de Ratios.
El ‘milagro’ de los 16 alumnos
Mientras el Estado plantea ahora sus objetivos, Canarias ha puesto sobre la mesa un calendario de ejecución inmediata que busca blindar la calidad de la enseñanza pública. El dato más ambicioso se centra en la base del sistema: Educación Infantil (3 años). Tras bajar de 20 a 18 alumnos este curso, el objetivo fijado para el periodo 2026/2027 es alcanzar los 16 alumnos por aula. Un hito que situaría a las islas a la vanguardia nacional en atención temprana.
La estrategia no se queda en los más pequeños. El documento detalla un efecto cascada que ya ha llegado a la ESO, donde los primeros niveles han pasado de 30 a 25 alumnos, y a la Primaria, donde se espera que para el curso 2027/2028 ningún aula supere los 22 estudiantes.
Más allá de los números: el fin de los ‘grupos mezcla’
Lo más relevante de esta respuesta no es solo la cifra, sino la eliminación de una anomalía histórica: los grupos mezcla en Primaria. Desde el curso pasado, Canarias ha erradicado la práctica de unir a niños de distintos niveles en una sola clase por falta de ratio, una medida que impacta directamente en la equidad de las zonas rurales y los barrios periféricos.
Frente al enfoque del Ministerio, que Canarias tacha de «parcial» al centrarse solo en centros desfavorecidos, el Gobierno regional defiende un modelo de recursos estructurales. Esto incluye desde la docencia compartida (dos profesores en una misma aula) hasta planes específicos contra el absentismo y el refuerzo de los comedores escolares, entendiendo que la educación no empieza y termina en el pupitre.
La educación como campo de batalla federal
Este intercambio de «instrucciones» y respuestas revela una tensión política de fondo. Canarias no quiere ser una mera ejecutora de los planes de Madrid; quiere ser el laboratorio donde se prueban las soluciones. Al detallar este plan plurianual, el Gobierno de CC y PP lanza un mensaje político: la autonomía canaria en educación no solo se defiende en los estatutos, sino con presupuestos que permiten contratar más profesores para grupos más pequeños.
El reto, como siempre, será el mantenimiento. Bajar las ratios es un compromiso financiero a largo plazo que Hacienda ya mira con lupa. Si Canarias logra sostener este plan hasta 2028, habrá pasado de ser el vagón de cola en las estadísticas de PISA a ser el referente de cómo la inversión en la base puede transformar el tejido social de una comunidad.














