El diputado del Grupo Parlamentario Mixto (AHI), Raúl Acosta Armas, ha presentado una pregunta dirigida a la consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias de Canarias, María Candelaria Delgado, para su respuesta en comisión. Acosta solicita conocer qué iniciativas puede adoptar el Gobierno de Canarias para complementar las pensiones no contributivas, un sistema de prestaciones que atiende a personas que no reúnen el periodo de cotización suficiente para optar a una pensión contributiva y que requieren apoyo económico adicional para afrontar su realidad.
Los datos más recientes señalan que existen aproximadamente 42.364 pensiones no contributivas en Canarias, según cifras del Gobierno central correspondientes a abril de 2024. De ellas, más del 58% son pensiones de jubilación, mientras que el 41% restante corresponden a pensiones por invalidez. Esta distribución refleja la vulnerabilidad de las personas mayores y aquellas con discapacidad que, sin haber podido cotizar lo suficiente, dependen del sistema no contributivo para garantizar unos ingresos mínimos. Además, recientemente el Gobierno de Canarias anunció un complemento de 400 euros anuales para los perceptores de estas pensiones como parte del proyecto presupuestario de 2026, lo que demuestra una vía de actuación ya en marcha.
Acosta busca que la consejera explique qué otras fórmulas se barajan para incrementar el apoyo a estos pensionistas en Canarias: ¿serán ayudas directas adicionales?, ¿se ampliará el complemento o se mejorarán los servicios vinculados a estas pensiones (acceso a vivienda, transporte, salud, etc.)? La pregunta se inscribe en el debate más amplio sobre cómo las administraciones autonómicas pueden reforzar los mínimos de protección social frente a la precariedad y la pobreza, especialmente en un territorio donde las pensiones no contributivas son un recurso esencial para muchas personas que de otro modo quedaría desprotegidas.
