Miles de personas, entre 5.500 según la Delegación del Gobierno y hasta 22.000 según los colectivos convocantes, inundaron este sábado las calles de las dos capitales canarias y de Puerto del Rosario bajo el lema «Hacia la huelga general».
Con caceroladas y gritos de «ni casas sin gente ni gente sin casas», las marchas escenificaron el hartazgo social ante un archipiélago donde la vivienda libre se encareció un 11% en el último año.
Las protestas señalaron sin paliativos la inacción de un Ejecutivo autonómico que acumula tres años bloqueando la aplicación de la ley estatal y negándose a declarar zonas tensionadas para frenar la especulación.
Lejos de asumir responsabilidades ante la emergencia social, el presidente canario, Fernando Clavijo, compareció para descartar cualquier vía de intervención de precios.
«No vamos a prometer varitas mágicas, a la gente no la vamos a engañar», sentenció, defendiendo la gestión de su gabinete frente a las críticas y presumiendo de una previsión de 6.000 viviendas para 2026 gracias a sus decretos de flexibilización del suelo.
El argumentario del líder de Coalición Canaria choca frontalmente con la realidad de los barrios y con el balance de unos decretos de mínimos que la calle considera estériles.
Choque frontal de la oposición y maniobras en Madrid
El temblor de las calles tuvo su réplica inmediata en el tablero político. El secretario general de Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-BC), Luis Campos, cargó con dureza contra el «doble rasero y la incoherencia» de Coalición Canaria tras su juego de equilibrios en el Congreso, donde votó en contra de un decreto de vivienda y a favor de otro antes de la derogación exprés en la Cámara baja.
Desde las filas nacionalistas de izquierda reprochan a Clavijo que utilice la confrontación con Madrid como cortina de humo para ocultar su negativa a aplicar las competencias exclusivas que la comunidad autónoma ostenta para proteger a los inquilinos.
Mientras tanto, el Partido Popular aprovechó la caída de las normativas estatales en la capital para exigir un adelanto electoral general, buscando oxígeno frente a la crisis territorial. Con el trasfondo de una crisis habitacional asfixiante, el bloque conservador en las islas blinda su hoja de ruta institucional mientras la mayoría social continúa exigiendo el fin de un modelo económico que expulsa a los residentes de sus hogares.
