
– Ricardo Rubio – Europa Press – Archivo
Médicos y especialistas reunidos en el Global Forum on Nicotine (GFN), celebrado en Varsovia, han lanzado una advertencia directa a los gobiernos europeos y a quienes diseñan políticas de salud pública: el prohibicionismo podría terminar por hacer perder el control del mercado del tabaco y, con ello, empujar a más personas hacia el comercio ilícito.
El debate, que se produce en plena revisión del marco regulatorio europeo sobre productos de tabaco y de nicotina, gira alrededor de una idea central. Según los ponentes, cuando se endurecen o se eliminan opciones desde una lógica de “todo o nada”, el consumo no desaparece, sino que se desplaza a circuitos que escapan a la supervisión: menos trazabilidad, menos control de calidad y menor protección frente a productos sin garantías sanitarias.
En ese contexto, el médico argentino Diego Verrastro, portavoz de la Red latinoamericana por la reducción de riesgos y daños asociada al tabaco (RELDAT), defendió que las políticas prohibicionistas reducen la capacidad del Estado para supervisar el mercado. Su argumento es que, al empujar el consumo fuera del circuito legal, el control sobre la calidad, la trazabilidad y la protección de los menores se debilita de forma significativa.
Verrastro también subrayó el impacto desigual de estas estrategias. A su juicio, los grupos con menor renta resultan especialmente afectados. En lugar de acceder a productos con controles, las personas con menos capacidad económica quedarían limitadas a opciones más baratas, frecuentemente procedentes del mercado informal, sin mecanismos reales de verificación y con menor supervisión sanitaria.
La advertencia tiene un tono gráfico: “esconder la basura debajo de la alfombra no la hace desaparecer”. Con esa metáfora, el especialista planteó que el objetivo debería ser mejorar el control y la supervisión, no renunciar a ella. En su planteamiento, mientras quienes tienen más recursos podrían acceder a productos de mejor calidad, incluso importados desde otros países, quienes disponen de menos se enfrentan a alternativas más económicas y menos fiables.
Sudáfrica aparece como caso de referencia en este debate. El CEO de la Asociación de productos de vapeo de Sudáfrica (VPASA), Asanda Gcoyi, recordó que durante la pandemia el país aplicó una prohibición temporal de todos los productos de tabaco. Según su relato, la medida supuso la desaparición del mercado legal y abrió paso a una expansión rápida del comercio ilícito.
El especialista describió cómo el consumo continuó, pero trasladado a canales informales. Mencionó la utilización de grupos de mensajería y redes de distribución clandestina como vías de acceso. A partir de ahí, señaló que proliferaron productos sin estándares regulatorios, sin verificación de edad y con precios muy por debajo de los límites legales previos.
Además del efecto sobre el acceso, Gcoyi introdujo otra preocupación: la distorsión de la percepción del riesgo. Al desaparecer la regulación efectiva y mezclarse opciones legales e ilegales, se vuelve más difícil para el consumidor identificar qué productos son peores para la salud y cuáles generan menos daño.
En Europa, el debate se intensifica por un elemento que atraviesa todo el foro: la crítica a determinadas propuestas regulatorias. El oncólogo español Fernando Fernández Bueno, portavoz de la Plataforma para la reducción del daño por tabaquismo y cirujano general en el Hospital Central de la Defensa “Gómez Ulla” de Madrid, afirmó que muchas medidas actuales no se basan, a su entender, en evidencia científica suficiente, sino en sesgos o planteamientos ideológicos.
Fernández Bueno denunció que la política europea estaría condicionada por interpretaciones “sesgadas” de la evidencia y por la influencia de la Organización Mundial de la Salud (OMS), lo que, según su visión, deja menos espacio para un debate abierto entre profesionales. Por ello, defendió que en la práctica clínica debería existir la posibilidad de ofrecer alternativas de menor riesgo a pacientes que desean dejar de fumar pero no lo consiguen con herramientas convencionales.
Más allá del desacuerdo de fondo, el encuentro deja una tensión manifiesta: cómo equilibrar la salud pública con estrategias que mantengan el control sanitario del mercado. Mientras quienes apoyan el endurecimiento normativo buscan reducir el consumo por la vía del rechazo frontal, los especialistas presentes en Varsovia alertan del efecto contrario que puede aparecer si el sistema pierde capacidad de supervisión.
En Canarias, donde el debate sobre prevención y salud pública mantiene siempre alto interés, estas discusiones adquieren una dimensión adicional: la preocupación por que las decisiones políticas acaben trasladando el problema al mercado informal, con consecuencias especialmente duras para quienes tienen menos margen para elegir.
La advertencia, en definitiva, no se limita a la prohibición como concepto. Se centra en el resultado: si el consumo se desplaza fuera de la ley, también se desplaza la protección.















