El Gobierno de Canarias ha mostrado su respaldo explícito a las reivindicaciones del sector primario del Archipiélago en la movilización celebrada en Bruselas contra los recortes previstos en la Política Agrícola Común (PAC) y el nuevo Marco Financiero Plurianual (MFP) 2028-2034. Una protesta que reunió a cerca de 10.000 profesionales de toda la Unión Europea y que ha encendido también las alarmas en el Parlamento de Canarias, donde los grupos parlamentarios coinciden en señalar el riesgo que estos ajustes suponen para la viabilidad del campo canario.
El viceconsejero del Sector Primario, Eduardo García, participó en la marcha junto a representantes de las principales organizaciones agrarias del Archipiélago -PALCA, ASAGA, UPA y COAG- así como de ASPROCAN, ASOCAN, FEDEX y TROPICAN. Durante el recorrido por el centro de la capital comunitaria, desde Bruselas Norte hasta la Plaza de Luxemburgo, el Ejecutivo canario trasladó su rechazo a una reforma que contempla un recorte superior al 20 % de los fondos de la PAC, lo que reduciría su dotación a unos 300.000 millones de euros para el próximo septenio.
Desde Bruselas, García advirtió de que la UE “no puede permitirse este retroceso” porque compromete no solo el futuro de la actividad agrícola y ganadera, sino también la soberanía alimentaria europea. En el caso específico de Canarias y del conjunto de las Regiones Ultraperiféricas (RUP), el viceconsejero alertó del riesgo que supone la posible integración del POSEI en los planes nacionales, una decisión que, de materializarse, diluiría la financiación específica del programa y colocaría a los productores canarios en una posición de clara desventaja frente al resto del territorio comunitario.
Esta preocupación ha sido compartida por los grupos parlamentarios canarios, que en las últimas semanas han advertido de que los cambios planteados por la Comisión Europea tendrían un impacto directo en las cuentas públicas y en el equilibrio territorial del Archipiélago. En el debate presupuestario de 2026, varias formaciones alertaron de que la pérdida de fondos europeos obligaría a la Comunidad Autónoma a asumir mayores esfuerzos financieros para sostener un sector estratégico desde el punto de vista económico, social y medioambiental.
Las organizaciones agrarias canarias coincidieron en señalar que la disolución de los fondos FEAGA y FEADER dentro de un nuevo Fondo Nacional y Regional único pone en riesgo una financiación eficaz del sector. La presidenta de COAG Canarias, María del Carmen Pérez, afirmó que la reforma “pone en riesgo nuestra agricultura, nuestra ganadería y la seguridad alimentaria”, mientras que desde ASAGA, Theo Hernando alertó de que esta propuesta desincentivará la incorporación de jóvenes al campo, comprometiendo el relevo generacional más allá de 2034.
Desde UPA Canarias, Jorge Pelayo fue contundente al señalar que un recorte del 20 % supondría “la muerte súbita del sector” en un territorio que, por su condición de RUP, necesita un tratamiento diferenciado. En la misma línea, representantes de ASPROCAN y ASOCAN denunciaron la incoherencia de exigir altos estándares ambientales al agricultor europeo mientras se permite la entrada de productos de terceros países que no cumplen las mismas normas, una cuestión que también ha sido objeto de debate en sede parlamentaria.
En este contexto, el Parlamento de Canarias se prepara para reforzar su posición institucional ante Bruselas y Madrid, consciente de que el futuro del sector primario está estrechamente ligado a la defensa del estatus ultraperiférico y a la preservación de instrumentos específicos como el POSEI. Gobierno, organizaciones agrarias y grupos parlamentarios coinciden en el diagnóstico: los recortes europeos no solo amenazan al campo canario, sino a un modelo de cohesión territorial y económica que forma parte esencial de la identidad y la sostenibilidad del Archipiélago.
