La sala que en Tenerife resuelve los pleitos contra la Administración tiene una gran carga de asuntos pendientes, según el Gobierno de Canarias. El Ejecutivo canario sostiene que tres plazas de magistrado pensadas para esa sala acabaron en las de lo social, y acusa al Ministerio de Justicia de cambiarlas sin consultarla.
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La queja figura en la respuesta del Gobierno al diputado socialista Gustavo Matos, registrada ayer en el Parlamento de Canarias. El Ejecutivo canario considera positivas las 33 plazas judiciales nuevas para las islas por la alta litigiosidad, pero tiene tres reproches.
Lo que se informó y lo que se publicó
La Comunidad dio el visto bueno a un borrador del decreto que luego cambió: «El decreto publicado fue modificado en 3 plazas sin informe de la CA». Las tres plazas de lo contencioso pensadas para Tenerife, dice el Gobierno, se fueron a las salas de lo social de Tenerife y de Las Palmas sin explicación alguna.
El real decreto, publicado en el Boletín Oficial del Estado del 9 de julio, confirma dónde quedaron: una en la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia en Santa Cruz de Tenerife y dos en la de Las Palmas de Gran Canaria. Que antes fueran a lo contencioso lo afirma el Gobierno canario sobre un borrador que no está publicado. El preámbulo del decreto, en cambio, asegura que se recabaron los informes preceptivos del Consejo General del Poder Judicial y de las comunidades afectadas.
Tenerife no se queda sin nada en lo contencioso. El mismo decreto crea una plaza en esa sección del Tribunal de Instancia de Santa Cruz de Tenerife, aunque es de primera instancia y no de la sala del Tribunal Superior.
Jueces sin letrados ni dinero
Los otros dos reproches tienen que ver con lo que debe acompañar a los jueces. Según el Gobierno, las plazas debieron llegar con letrados de la Administración de Justicia, que dependen del Ministerio y de los que, según la respuesta, dependerá tanto el trámite hasta la sentencia como su ejecución.
El decreto, añade, no prevé ninguna financiación para lo que asumirá la Comunidad en personal, edificios y medios. Las 33 plazas que el propio Gobierno canario considera positivas llegan así, según su respuesta, con un decreto que no dice cómo se pagarán los edificios, el personal y los medios que necesitarán.
