La presidenta del Parlamento de Canarias, Astrid Pérez, ha ejecutado un movimiento de gran calado simbólico al proponer la inclusión de La Graciosa en el conjunto escultórico de la Cámara regional. La obra original de José Abad, que desde hace décadas representa a las siete islas tradicionales mediante piedras nativas, quedó desfasada tras la reforma estatutaria de 2018 que reconoció a La Graciosa como isla con entidad propia. Con el fallecimiento de Abad en 2025, la tarea de actualizar este mapa de piedra recae ahora en el escultor lanzaroteño Paco Curbelo, quien deberá integrar a la octava isla en el hall institucional sin romper la armonía del legado anterior.
Para Pérez, lanzaroteña de origen, este gesto no es una mera cuestión de estética decorativa, sino un acto de «justicia institucional». Al elevar a La Graciosa al mismo nivel visual que Tenerife o Gran Canaria en la sede de la soberanía popular, el Parlamento oficializa su compromiso con una realidad territorial que ya no acepta ser tratada como un simple apéndice. Sin embargo, tras la piedra de Curbelo se esconde un desafío mucho más complejo: transformar el reconocimiento simbólico en una autonomía administrativa real para los habitantes de Caleta de Sebo.
La Graciosa: el laberinto de la gestión
A pesar de su estatus oficial, La Graciosa habita en un limbo competencial. Administrativamente sigue siendo un barrio del municipio de Teguise y depende jerárquicamente del Cabildo de Lanzarote para servicios críticos como el agua, la gestión de residuos o el transporte. Esta estructura de ‘sub-centralismo’ genera fricciones constantes, ya que los residentes perciben que las decisiones sobre su territorio -un espacio de extrema fragilidad medioambiental protegido por normativas europeas- se toman en despachos lejanos que no siempre comprenden las urgencias del día a día en la isla.
Este conflicto competencial es especialmente agudo en el acceso a la financiación. Como parte de una Región Ultraperiférica (RUP), Canarias recibe fondos vitales de Bruselas, pero la falta de una administración local propia impide que La Graciosa gestione directamente sus proyectos de sostenibilidad o infraestructuras. La demanda de una Ley de la Octava Isla que dote a la comunidad de una Entidad Local Menor o un presupuesto vinculado es el siguiente gran debate que la escultura de Paco Curbelo dejará sobre la mesa de los diputados.
La escultura y el análisis geopolítico
Desde una perspectiva estratégica, la nueva pieza de Curbelo refuerza la tesis de la ‘Canarias compacta’ ante los desafíos de la frontera sur. En un contexto donde la delimitación de las aguas territoriales y el control de los recursos marinos frente a la costa africana son prioridades de seguridad nacional, visibilizar cada pulgada de tierra habitada fortalece la posición jurídica de España y la UE en el Atlántico. La Graciosa ya no es solo un destino turístico de postal; es un punto de referencia en el tablero donde se negocian la ZEE y la protección de los ecosistemas marinos.
En conclusión, la piedra que se instalará en el Parlamento de Canarias actúa como un caballo de Troya de la identidad insular. Una vez que la octava isla ocupa su espacio físico en la entrada de la Cámara, resulta políticamente imposible ignorar sus demandas de descentralización y suficiencia financiera. Lo que comienza como un homenaje artístico a cargo de un escultor de prestigio termina por consolidar una nueva jerarquía territorial que obligará a reconfigurar el reparto del poder y los recursos en el archipiélago durante la próxima década.
