La nueva ordenanza de movilidad aprobada por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha encendido las alarmas entre los vecinos de los barrios altos de la ciudad. La medida, que entra en vigor el próximo mes, limita la circulación de vehículos privados en el entorno de la Isleta y reduce las plazas de aparcamiento en superficie. Los colectivos vecinales denuncian que la norma, lejos de aliviar el tráfico, lo trasladará a sus calles y provocará un caos circulatorio. El gobierno local defiende que el objetivo es reducir las emisiones y ganar espacio peatonal, pero los residentes aseguran que no se les ha consultado.
La medida, que se enmarca en la estrategia de movilidad sostenible del municipio, ha despertado un notable malestar entre comerciantes y vecinos. Aseguran que la restricción del tráfico en el entorno del puerto complicará el acceso a sus viviendas y negocios. El Ayuntamiento, por su parte, sostiene que la iniciativa busca mejorar la calidad del aire y devolver el espacio público a los peatones, pero los afectados denuncian que no se ha contado con ellos.
La polémica ha trascendido el plano vecinal. La oposición política ha anunciado que llevará la nueva ordenanza al pleno para exigir su paralización inmediata. Mientras tanto, los comerciantes de la zona aseguran que el plan
















