La comisión de discapacidad que tuvo lugar este jueves en Parlamento de Canarias abordó una realidad terrible y descorazonadora: el acoso escolar a menores discapacitados. Una auténtica lacra social que destruye las esperanzas de los alumnos y sus familias, y que requiere una actuación inmediata. La diputada de Vox Paula Jover afirmó que existe un «fallo sistémico» en los protocolos de protección vigentes.
La intervención se apoyó en un dato aplastante: el 80% del alumnado con discapacidad ha sufrido acoso escolar. Para Jover, esta cifra no es un fenómeno aislado, sino el síntoma de que el modelo de educación inclusiva aplicado en Canarias no está garantizando su objetivo fundamental: la seguridad y la dignidad de los menores más vulnerables.
La diputada describió el bullying en estos casos como una “forma especialmente cruel de violencia”, agravada por las dificultades que tienen muchos de estos alumnos para verbalizar lo que les ocurre o para defenderse en igualdad de condiciones. Según VOX, las consecuencias emocionales y psicológicas de estas situaciones se prolongan en el tiempo, mientras la respuesta administrativa se diluye entre protocolos poco eficaces y una excesiva burocratización.
El núcleo de la crítica apunta a lo que el grupo parlamentario define como inercia institucional. Jover denunció que, cuando se detecta un caso, la solución habitual termina penalizando a la víctima, obligando a las familias a asumir cambios de centro o alteraciones drásticas en la vida escolar del menor. “La víctima acaba pagando el precio del fracaso del sistema”, resumió.
Frente a este escenario, VOX planteó una batería de medidas centradas en la responsabilidad directa de la administración y de los centros educativos. Entre ellas, la formación obligatoria de todo el profesorado para detectar el acoso menos visible, la eliminación del traslado del alumno acosado como solución automática y la exigencia de responsabilidades claras a los centros que no actúen con diligencia ante las señales de alerta.
