El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, anunció la distribución territorial de 200 nuevas plazas de fiscal, la mayor convocatoria de la historia reciente, que elevará la plantilla del Ministerio Fiscal de 2.804 a 3.004 efectivos, un incremento del 7,13%. A Canarias le corresponden 8 plazas, lo que supone un aumento del 5,8% sobre su dotación actual, inferior al porcentaje que reciben Murcia (casi el 10%), Madrid (9,38%) o Cataluña (8,01%). La inversión total del Ministerio asciende a más de 22,5 millones de euros, y al reparto se suman 33 nuevas plazas judiciales en el archipiélago para reforzar los tribunales de instancia, audiencias provinciales y el Tribunal Superior de Justicia de Canarias. El acuerdo se selló entre Bolaños y la Fiscal General, María José Segarra Peramato, en una visita al nuevo edificio de la Fiscalía General del Estado.
Las cifras, presentadas como históricas, merecen cierta perspectiva. España opera con 11,2 jueces por cada 100.000 habitantes frente a una media de la Unión Europea de 22,9, es decir, prácticamente la mitad. En fiscales, la brecha es similar. Ocho plazas adicionales en un archipiélago con más de 2,2 millones de habitantes y una litigiosidad creciente, alimentada por el boom inmobiliario, los conflictos urbanísticos y la presión migratoria, no alteran la ecuación estructural. El criterio de reparto oficial alude a «carga de trabajo y dimensionamiento actual de las plantillas», pero no se ha publicado la fórmula concreta, lo que deja el proceso en el terreno de la discrecionalidad ministerial. Para Canarias, que tramita competencias judiciales propias al amparo de su Estatuto de Autonomía, la cuestión de fondo no es cuántos fiscales le regala Madrid sino cuándo podrá dimensionar su propia administración de justicia sin depender de un reparto centralizado que, convocatoria tras convocatoria, la sitúa por debajo de la media.
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