La situación de las viviendas pendientes de construir en La Palma centró buena parte del debate en la comisión parlamentaria, donde el consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad expuso las dificultades sobrevenidas que han afectado a varios proyectos y reafirmó el compromiso del Ejecutivo con la recuperación habitacional tras la erupción volcánica.
El consejero Pablo Rodríguez explicó que uno de los principales problemas a los que se enfrenta la Consejería es la aparición de circunstancias imprevistas durante la ejecución de las obras, como la suspensión de pagos de las empresas adjudicatarias, una situación que altera por completo la planificación inicial. Puso como ejemplo la promoción de 11 viviendas en Tijarafe, un proyecto con el que el departamento estaba “especialmente ilusionado” y que ahora obliga a resolver el contrato, actualizar el proyecto y revisar las unidades de obra ya ejecutadas. El objetivo, según señaló, es que la actuación pueda volver a licitarse en 2026.
A estas incidencias se suman otras actuaciones en marcha en la isla. El consejero avanzó que, en conjunto, el Gobierno de Canarias se está acercando a las 700 viviendas en La Palma, con el fin de dar respuesta a la crisis habitacional derivada de la erupción volcánica. En este sentido, reiteró que el compromiso del Ejecutivo es mantener el ritmo de actuación durante 2026 y seguir ampliando el parque público de vivienda en la isla.
Uno de los proyectos más relevantes abordados fue el de las 100 viviendas en Tazacorte, cuyo origen se remonta a 2022, cuando el ayuntamiento cedió el suelo al Gobierno autonómico. Sin embargo, la licitación para la redacción del proyecto no se produjo hasta junio de 2024, y una vez elaborado, el presupuesto pasó de algo más de 11 millones de euros a cerca de 18, lo que dejó la actuación fuera de los plazos de ejecución exigidos por los fondos Next Generation. “Ese fue el primer gran obstáculo con el que nos encontramos”, explicó Pablo Rodríguez.
Pese a ello, el consejero quiso lanzar un mensaje de tranquilidad y compromiso político. Aseguró que las viviendas no se han descartado, sino que se buscará financiación alternativa a través del nuevo Plan Canario de Vivienda y de otros programas europeos, aclarando que los fondos Next “no se han perdido, sino reorganizado”. “La mala noticia sería decir que no se van a construir, y no es el caso. Las vamos a construir porque vamos a tener fondos”, afirmó, recordando que una obra de este tipo requiere alrededor de 24 meses de ejecución y que, de haberse redactado el proyecto en 2023, habría sido posible incluirla en el programa europeo.
