De las grandes, una es Deloiite, el resto tira de firmas locales. El informe de la Audiencia de Cuentas de Canarias sobre fiscalización de legalidad de las subvenciones directas concedidas por el Gobierno de Canarias en 2022 ofrece una radiografía detallada de la diligencia debida en el uso de los fondos públicos, muchos de ellos con origen o supervisión europea. Los datos, que desglosan la inversión en auditoría por cada beneficiario a los que ha tenido acceso Canariasenpleno, ponen de manifiesto quién es quien en las grandes partidas y las grietas de la transparencia en las subvenciones millonarias a sindicatos y patronales.
Nueve firmas auditoras fueron las encargadas de ponerle el sello de compliance a la financiación otorgada a agentes sociales, cámaras de comercio y otras entidades del archipiélago.
El grueso de las subvenciones, que sostienen la interlocución social y la actividad empresarial en las islas, se dirigió a las grandes confederaciones. La Unión General de Trabajadores de Canarias y Comisiones Obreras de Canarias recibieron subvenciones que oscilan entre los 200.000 y los 300.000 euros. En estos casos, las auditorías realizadas por Solver Asesores y Peraza y Compañía Auditores S.L.P mostraron un coste de control notablemente bajo y consistente, situándose mayoritariamente en un rango del 0,70% al 0,75% del importe total de la ayuda.
Similar eficiencia se registró en las subvenciones a las Confederaciones de Empresarios de Santa Cruz de Tenerife (CEOE Tenerife) y la CCE de Las Palmas, cuyos controles fueron asumidos por Oscar Gutiérrez & Asoc Auditores, S.L.P y Canaudit S.L. con porcentajes de auditoría igualmente cercanos al 0,75% para las ayudas más cuantiosas (hasta 600.000 euros).
Sin embargo, el panorama de las Cámaras de Comercio reflejó una marcada volatilidad en el coste del escrutinio, un indicador de la complejidad administrativa que supone fiscalizar ayudas de menor cuantía. Mientras que firmas como Capital Consulting y Netadia Europa SL auditaron subvenciones a las Cámaras de Lanzarote y Gran Canaria con costes manejables (entre 0,80% y 3,47%), las Cámaras de Fuerteventura, controladas por Rodríguez Álvarez Auditores, presentaron los picos más altos, llegando al 5,38% y 5,00% en ayudas que rondaban los 12.000 a 13.000 euros.
Este fenómeno demuestra la desproporción del coste fijo de compliance en el tercer sector de la economía canaria, afectando la eficiencia de las ayudas locales. Otros auditores como Canaudit S.L. también revisaron a la Cámara de Santa Cruz de Tenerife, con costes que llegaron al 3,75% en una subvención de 40.000 euros.
La opacidad en el control del gasto millonario, sumada a las auditorías de Deloitte Auditores a la CEOE de Tenerife, es un punto débil en la gobernanza canaria, un área que requerirá una acción urgente por parte de la Consejería de Hacienda del Gobierno de Canarias para asegurar el cumplimiento total y la transparencia ante Bruselas.
