El Servicio Canario de Empleo ha actualizado su censo de demandantes para el programa ‘Primera Experiencia Profesional’ y las matemáticas son, cuando menos, desalentadoras para quien busque una solución estructural al desempleo juvenil. Con 36.315 jóvenes menores de 30 años inscritos al cierre de 2025, el despliegue de fondos hacia los 88 municipios canarios parece más un ejercicio de contención estadística que un motor de inserción real. La realidad técnica es cruda: la cuota de 1 contrato por cada 50 demandantes sitúa la probabilidad de éxito en un umbral donde la suerte cuenta tanto como el currículum.
En Las Palmas de Gran Canaria, el plan del PP se enfrenta a lo que los estadísticos denominan el muro del 1%. Con un volumen masivo de 7.587 jóvenes inscritos compitiendo por un cupo estimado de apenas 75 beneficiarios, la probabilidad de selección se desploma hasta un ínfimo 0,98%. De cada 100 candidatos cualificados, 99 quedan automáticamente excluidos, convirtiendo un derecho administrativo en una lotería estadística donde la formación y el mérito se diluyen ante la falta de recursos.
Santa Cruz de Tenerife presenta un escenario de menor presión demográfica pero idéntica precariedad estructural. Pese a contar con 4.102 demandantes —casi la mitad que la capital grancanaria—, la capacidad de absorción proyectada de 41 contratos mantiene la tasa de éxito en un irrelevante 1,02%. Mientras el Boletín Oficial presume de ratios de éxito del 61% en entornos rurales minúsculos como San Andrés y Sauces, la realidad en las dos capitales canarias es que el sistema apenas logra arañar la superficie del desempleo juvenil. Este sesgo evidencia que, para la «generación mejor preparada» de los grandes núcleos urbanos, este programa no es una pasarela profesional, sino un embudo burocrático que los mantiene en la invisibilidad presupuestaria.
En los grandes núcleos urbanos, la gestión del volumen roza lo imposible. Gran Canaria, que debe absorber el 40,8% de la demanda total con sus 14.821 inscritos, ofrece en su capital una ratio de supervivencia laboral de 1 entre 102. En Las Palmas de Gran Canaria (7.587 demandantes) y Santa Cruz de Tenerife (4.102), el programa es un brindis al sol; en esta última, junto a La Laguna, la tasa de cobertura efectiva apenas alcanza el 1,2%. Para un lobby que observe la salud del mercado laboral, estos datos confirman que el sistema público está saturado y que las grandes ciudades son, paradójicamente, los lugares donde el joven tiene menos esperanzas de estrenar su vida laboral bajo el ala del Gobierno.
La periferia, sin embargo, ofrece una paradoja del éxito que el análisis escéptico no puede obviar. Mientras municipios como San Andrés y Sauces presumen de una tasa de idoneidad del 61,11%, lo cierto es que juegan con cifras minúsculas: apenas 36 jóvenes. En estos entornos rurales, la probabilidad de ser contratado sube al 4,5%, frente al ínfimo 0,9% de las capitales. Es una redistribución de oportunidades que castiga la densidad demográfica: ser un desempleado joven en el entorno rural es, estadísticamente, cinco veces más «rentable» que serlo en la capital, aunque el impacto en el PIB regional sea marginal.
Lo más preocupante para la eficiencia del gasto público es el bloque de la ‘eficiencia cero’. Hay 14 municipios —entre ellos Tazacorte, Frontera, Betancuria o Garachico— que reportan un 0,00% de éxito. Son agujeros negros administrativos donde 642 jóvenes inscritos no han visto un solo contrato previo bajo este esquema. Si cruzamos estos datos con el flujo de 895.649 euros inyectados en el mismo periodo vía subvenciones directas al sector primario, la conclusión es cínica: el Gobierno de Canarias adjudica una subvención a dedo por cada 1.296 jóvenes que esperan en la cola del paro. El dinero fluye con rapidez hacia las estructuras consolidada mientras el talento joven se pierde en un embudo burocrático de bajísima resolución.
