Los récords turísticos conviven en Canarias con una pobreza que se hereda como una patología crónica, Drago Canarias y Coalición Canaria han encontrado un territorio común en el Decreto Canarias: la convicción de que el Estado ha dimitido de sus funciones en el archipiélago. Mientras los beneficios del sector servicios se privatizan en balances de inversión extranjeros, la coincidencia táctica entre la formación de Alberto Rodríguez y el Ejecutivo de Clavijo señala un giro hacia el proteccionismo territorial. No es ideología, es una auditoría de la desesperación: ambos actores comprenden que, ante la debilidad de Madrid, la única moneda de cambio real es el control absoluto sobre el suelo, la vivienda y los recursos de unas islas que empiezan a percibirse a sí mismas como un activo agotado.
La irrupción de Drago Canarias en el Debate del Estado de la Nacionalidad de 2026 en el Parlamento de Canarias, al ser mencionado por Fernando Clavijo sobre el llamado Decreto Canarias no ha sido una referencia ruidosa de la periferia; es una señal de que el duopolio de la influencia en las islas se está fracturando. Al registrar enmiendas que espejan las demandas de Coalición Canaria (CC), Drago está validando la tesis de que el actual modelo de relación con Madrid es, en términos contables, un activo tóxico.
Si desglosamos el balance de situación de ambas formaciones respecto al Decreto Canarias, los puntos de auditoría coinciden en tres áreas críticas: El déficit de ejecución de la «Agenda Canaria», la soberanía de los recursos y la gestión del éxito turístico.
Tanto el Gobierno de Clavijo (CC) como la dirección de Drago coinciden en un diagnóstico de incumplimiento por parte de la administración Sánchez. Para un inversor, esto se traduce en una inestabilidad regulatoria preocupante: si los compromisos adquiridos al inicio de la legislatura presentan un «grado de cumplimiento nulo», la seguridad jurídica del archipiélago se erosiona.
Existe un solapamiento evidente en la reclamación de mayores atribuciones económicas. Mientras CC lo articula como una necesidad de gestión autonómica, Drago lo reviste de «soberanía en la toma de decisiones». En la práctica, ambos están enviando el mismo mensaje a los mercados: el control del flujo de capital y la normativa de suelo debe ser estrictamente local.
El dato es demoledor: un incremento del 3,8% en visitantes conviviendo con un riesgo de pobreza del 32%. Aquí, la retórica de Drago sobre la «privatización de beneficios y socialización de pérdidas» resuena con la creciente incomodidad de ciertos sectores de CC que temen que la saturación turística termine por canibalizar la paz social necesaria para el negocio.
La coincidencia en el rechazo a la infraestructura ferroviaria y la propuesta de limitación de residencia por parte de Drago marca un giro hacia el proteccionismo territorial que CC, por puro pragmatismo electoral, no podrá ignorar. Un escenario donde la oferta política en Canarias se desplaza hacia un «nacionalismo de recursos» que busca blindar las islas frente a la dinámica extractiva del turismo de masas.
La debilidad parlamentaria del Ejecutivo estatal en Madrid ha convertido al Decreto Canarias en un «mercado de futuros» donde Drago, aun siendo extraparlamentaria, está logrando fijar el precio del debate porque el PSOE Yy NC se han autoexcluido de ese debate.
Si CC decide abrazar estas enmiendas para no perder el pulso de la calle, el coste de operar en las islas para las multinacionales del sector servicios y construcción podría incrementarse significativamente debido a nuevas cargas de sostenibilidad y vivienda. En última instancia, Drago y CC coinciden en que el statu quo es insostenible. La anomalía canaria ya no es una cuestión de folclore político, sino una renegociación agresiva de los términos de intercambio entre un territorio estratégico y un Estado central percibido como un gestor negligente.
Noticia escrita por José L. JIménez. Editado y verificado por Raquel Molina. Información cruzada sin filtros institucionales. Este análisis no ha sido financiado por publicidad oficial ni condicionado por intereses de lobby.
