El Grupo Parlamentario Nueva Canarias–Bloque Canarista ha presentado una enmienda a la totalidad al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2026, solicitando que las cuentas regresen al Ejecutivo. La formación, al amparo del artículo 145 del Reglamento del Parlamento, argumenta que el diseño económico del área de Transición Ecológica y Energía para 2026 es insostenible, desequilibrado y carente de una estrategia sólida.
Según NC, el presupuesto se asemeja a una “piñata de misión imposible”: abultado en cifras pero frágil en su capacidad real para transformar el modelo energético del archipiélago. Su principal debilidad radica en su dependencia excesiva de los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), cuya ejecución, recuerdan, ha sido lenta y compleja en años anteriores. El incremento del 44,78% en las cuentas del área, advierten, no es fruto de un mayor compromiso autonómico, sino de una estructura inflada por financiación europea de incierta materialización.
De hecho, la aportación de fondos propios del Gobierno de Canarias apenas alcanza los 142 millones de euros, lo que deja -según la formación canarista- a la política energética regional en una situación de vulnerabilidad financiera. Esta debilidad, unida al riesgo de inejecución de los recursos europeos, compromete la capacidad del archipiélago para avanzar de forma estable y sostenida en su transición energética.
Nueva Canarias sostiene que el presupuesto para 2026 ofrece mucho impacto cuantitativo pero escaso impacto cualitativo: grandes cifras sin una planificación sólida a medio y largo plazo. La ausencia de prioridades claras y la apuesta por decisiones cortoplacistas, afirman, podrían incluso comprometer la sostenibilidad futura del archipiélago.
Por todo ello, el grupo parlamentario concluye que las cuentas del área de Transición Ecológica y Energía no garantizan una transformación real del modelo ni una senda de seguridad energética, motivo por el cual solicita la devolución del presupuesto al Ejecutivo para su reformulación.
