
La diputada de Nueva Canarias–Bloque Canarista (NC-BC), Esther González, denunció en el pleno extraordinario del Parlamento que el decreto ley número 20 del Gobierno de CC y PP confirma el «fracaso» de la ley del suelo «impuesta» en 2017 por Fernando Clavijo. Tras dos años y medio de anuncios, advirtió de que la reforma prometida «sigue sin llegar y ya no llegará» antes del final de la legislatura, prevista para abril de 2027.
González sostuvo que el decreto sometido a convalidación para modificar la ley del suelo y la de sociedades cooperativas «no responde a un problema técnico puntual», sino que supone la «confirmación de un fracaso político» de carácter estructural. A su juicio, el Ejecutivo vuelve a «reventar» la normativa territorial, en lo que calificó como «una rutina perfectamente engrasada» y un ejercicio «casi artístico de improvisación disfrazado de gestión».
La parlamentaria recordó que la ley fue presentada en su día como la solución definitiva a los problemas de ordenación del Archipiélago, pese a una «amplísima oposición» institucional, política y social. Ocho años después, afirmó, la norma «solo sobrevive a base de prórrogas, excepciones y decretos-leyes», convirtiéndose en un «despropósito crónico, certificado y además reconocido por los propios hechos».
Desde NC-BC insisten en que la ley «simplificaba el discurso, pero complicaba la práctica», debilitando la planificación y generando inseguridad jurídica. «Prometieron agilidad administrativa y lo que han provocado han sido bloqueos sucesivos», reprochó González, quien comparó la actuación del Gobierno con tratar «el desconchado de la pintura» en un edificio con los cimientos defectuosos.
Aunque confirmó el voto favorable de su grupo a la convalidación del decreto, dejó claro que «no es un respaldo político. Votaremos sí para evitar planes anulados y ayuntamientos paralizados. Pero que nadie confunda este voto con un aval. Es solo control de daños», subrayó, antes de sentenciar que la ley del suelo ha demostrado ser un «fiasco» y que Canarias «no puede seguir viviendo de parches ni este Parlamento ser la UCI permanente de una ley que nació mal y ha envejecido peor».















