Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-BC) confirmó este jueves que presentará una enmienda a la totalidad contra el proyecto de ley que regula la Radio Televisión Canaria (RTVC). NC-BC considera que la citada ley es «inconstitucional» y «secuestra» la televisión y la radio pública canaria. La presidenta y el portavoz del grupo parlamentario de NC-BC, Carmen Hernández y Luis Campos, se basan en el dictamen del Consejo Consultivo de Canarias (CCC) que denuncia la vulneración de la Constitución, la legislación básica estatal, el derecho europeo y pone el medio público al servicio de las dos derechas canarias, fundamentalmente de Coalición Canaria (CC).
Luis Campos y Carmen Hernández anunciaron en rueda de prensa que la enmienda a la totalidad, con la que se pedirá la devolución al Ejecutivo de CC y el PP del Proyecto de Ley (PL) de Ordenación del Servicio Público de Comunicación Audiovisual de Canarias, se debatirá en el pleno extraordinario del próximo miércoles. El grupo nacionalista progresista entiende que el texto nace «absolutamente viciado», pone en riesgo la pluralidad informativa y compromete muy seriamente la independencia de RTVC.
Carmen Hernández, en su condición también de portavoz en la comisión de control de Radio Televisión Canaria del Legislativo, señaló que NC-BC estaba «obligada» a presentar la enmienda a la totalidad a un proyecto que modifica la Ley 13/2014 vigente, y que regula una herramienta esencial para la cohesión territorial, la promoción del conocimiento y los valores democráticos en un territorio fragmentado. Recordó el papel fundamental de la RTVC en momentos críticos como la pandemia y la erupción volcánica.
Se opuso con contundencia a las «prisas y la urgencia» con la que el Ejecutivo quiere tramitar este PL y cuestionó sus argumentos para justificar la reforma. Reconoció la necesidad de adaptar la normativa canaria a la legislación europea y estatal, pero denunció que la supuesta solución de Clavijo al bloqueo institucional es una «gran excusa». El propio informe del CCC, como especificó Hernández, señala que el texto no solo no resuelve el problema, sino que «lo perpetúa».
Según explicó, el PL incumple la normativa europea, vulnera el artículo 20.3 de la constitución que garantiza el control parlamentario de los medios de comunicación públicos y supone una clara injerencia política. «Estamos ante una norma redactada desde el despacho del presidente Clavijo para convertir RTVC en una maquinaria de propaganda de su Gobierno, especialmente de Coalición Canaria, en un momento especialmente sensible» por la proximidad al calendario electoral. Recordó que el presidente dijo que la RTVC es del Gobierno.
Nueva Canarias-Bloque Canarista fundamenta su petición de devolución del texto al Gobierno en tres grandes razones, como expuso Carmen Hernández. En primer lugar, por el «grave retroceso democrático». Recriminó la eliminación de los sistemas de contrapeso al sustituir las mayorías reforzadas por las absolutas, la concentración de un poder excepcional en el director general y vaciar de contenido el control parlamentario.
Además, alertó de las consecuencias de no establecer plazos para la constitución de la junta de control que, además, para NC, debe representar a todas las sensibilidades del Parlamento. Una vaguedad que el grupo nacionalista entiende que otorga «plenos» poderes al director general de «forma indefinida». Esta situación, como remarcó la portavoz canarista, para el CCC es inconstitucional.
La segunda razón principal para la enmienda a la totalidad, añadió, es que se perpetúa el bloqueo institucional. Lejos de ser resuelto, NC-BC mantiene que el texto de Clavijo renuncia al consenso parlamentario sin proponer mecanismo de antibloqueo. El Consultivo advierte de que se institucionaliza el bloqueo que dice querer solucionar, observó Carmen Hernández.
El tercer argumento es que se pone en riesgo la independencia editorial y los derechos laborales. La diputada Hernández censuró que se permite una clara injerencia política y entiende que la constitución de los consejos de informativos debe ser obligatoria. Avisó que se abre la puerta a la externalización de los informativos y contempla la subrogación obligatoria del personal, lo que pone en peligro la estabilidad laboral y la gestión pública de los contenidos informativos.
Asimismo, Carmen Hernández alertó sobre la posibilidad de concentrar en un solo operador hasta el 20 por ciento del presupuesto del ente (más de 60 millones de euros). Una situación que, para Nueva Canarias, puede provocar la concentración del mercado, la precarización del empleo, el deterioro de la calidad y la pluralidad del servicio público.
Desde el grupo nacionalista progresista se insistió en que cualquier reforma que afecte a un derecho fundamental como el de la información debe partir del «consenso, la participación social, el respeto a la Constitución, al derecho europeo y la defensa de los profesionales del sector».
Una radio y televisión pública «secuestrada» por el poder político, en opinión de Carmen Hernández, erosiona lentamente la democracia. «Queremos una RTVC al servicio de las canarias y los canarios, donde los profesionales puedan trabajar con libertad porque un periodista con miedo nunca puede ser verdaderamente libre ni ofrecer una información plural», remarcó la parlamentaria nacionalista.
Luis Campos, además de subrayar también que la comunicación pública es un pilar esencial de la democracia, también valoró la trascendencia de la pluralidad informativa, junto a la profesionalidad de los trabajadores y trabajadoras del ente. Todo, tal y como puntualizó, principios «irrenunciables».
Añadió que la enmienda a la totalidad se sustenta en un amplio proceso de escucha y participación con sectores implicados y conocedores del funcionamiento de una radiotelevisión pública de calidad, plural e independiente del gobierno de turno.
«Nueva Canarias–Bloque Canarista ha sido una de las fuerzas políticas que más ha defendido históricamente la necesidad de un servicio público de radio y televisión en Canarias, porque sin pluralidad informativa no hay democracia real», afirmó.
Por todo ello, NC-BC reclamará la devolución del proyecto al Gobierno para que presente un nuevo texto consensuado, constitucional y plenamente democrático.
