
El diputado de Nueva Canarias-Bloque Canarista, Yoné Caraballo, reprochó este martes al Gobierno de Coalición Canaria y el Partido Popular el uso “abusivo e injustificado” del decreto ley para corregir la Ley de Cambio Climático. La formación nacionalista progresista se abstuvo en la convalidación del Decreto Ley 5/2024 y exigió que la reforma se tramite como proyecto de ley para permitir el debate parlamentario.
Caraballo recordó que ya en 2024 Nueva Canarias advirtió de los errores del anterior decreto que modificó la norma climática “de un plumazo y sin debate suficiente”. Según señaló, aquellas advertencias se confirmaron con la convocatoria de la Comisión Bilateral Canarias-Estado ante posibles indicios de inconstitucionalidad o invasión de competencias, una convocatoria que, subrayó, “no se produce por capricho”.
El parlamentario criticó que, pese al acuerdo alcanzado con el Estado y al plazo de nueve meses concedido -hasta febrero de este año- para corregir los aspectos cuestionados, el Ejecutivo autonómico no impulsara una reforma por la vía ordinaria. “No hicieron nada durante nueve meses y hoy vuelven a traer otro decreto urgente, sin que exista una justificación real”, afirmó, en línea con el dictamen del Consejo Consultivo.
Para Nueva Canarias, el cambio climático es uno de los grandes retos del Archipiélago, junto a la presión demográfica, y exige reformas legislativas sólidas, debatidas y con seguridad jurídica. Caraballo insistió en que este tipo de cambios no deben abordarse mediante instrumentos excepcionales, sino a través del procedimiento legislativo habitual, con participación parlamentaria y posibilidad de enmiendas.
El diputado comparó la situación actual con la pasada legislatura, cuando la pandemia y la erupción volcánica de La Palma justificaron el uso del decreto ley. A su juicio, el Gobierno presidido por Fernando Clavijo ha convertido lo excepcional en norma. Por ello, Nueva Canarias optó por la abstención y reclamó que la modificación de la Ley de Cambio Climático se debata “con profundidad y transparencia”, por lo que está en juego para el futuro de Canarias.














