El Parlamento de Canarias ha sacado a la luz una de las realidades más crudas de la gestión pública en el archipiélago. A instancias de una pregunta directa del Grupo Parlamentario Socialista, el Gobierno autonómico ha remitido una serie de tablas que confirman lo que las asociaciones civiles llevan mucho tiempo denunciando: un colapso sistémico que convierte el acceso a un derecho básico en un calvario burocrático de años. Los datos oficiales son demoledores, pero las reclamaciones ciudadanas sugieren que la profundidad del abismo es aún mayor de lo que el Ejecutivo está dispuesto a admitir.
Según la respuesta oficial, la isla de Tenerife encabeza este ranking de la ineficacia con un promedio de espera de 1.106 días para obtener el grado de discapacidad en 2025. Esto significa que un tinerfeño debe esperar, de media, más de tres años solo para que la administración reconozca su condición. El contraste con las islas orientales es sangrante: mientras en Fuerteventura el proceso se resuelve en unos 460 días, en las islas capitalinas el tiempo se multiplica, vulnerando el principio de igualdad territorial y dejando a miles de personas en un limbo legal y económico.
La brecha entre el promedio y la realidad de cinco años
Los promedios del Gobierno actúan como un velo estadístico. Mientras el dato oficial de Tenerife habla de tres años, las quejas acumuladas ante la Diputación del Común (el Defensor del Pueblo canario) documentan expedientes que superan los 1.825 días de parálisis (cinco años). Las reclamaciones por estos retrasos se han disparado un 94% en el último ejercicio, confirmando que la administración incumple sistemáticamente el plazo legal de seis meses establecido por la normativa vigente.
Esta demora de un lustro no es solo un fallo administrativo; es una barrera que impide a los ciudadanos acceder a becas, beneficios fiscales, adaptaciones en el puesto de trabajo o ayudas a la movilidad. Para muchos solicitantes, el reconocimiento del grado de discapacidad es la llave de entrada al sistema de dependencia, y el retraso en la primera condena a la exclusión en la segunda. El diputado socialista González Cabrera ha puesto el dedo en la llaga al exigir estas cifras, que ahora dejan al Gobierno sin margen para el discurso de la mejora continua.
Los fallecidos: una estadística oculta
La frialdad de los 1.106 días de espera promedio que el Gobierno de Canarias admite en su respuesta al Grupo Socialista oculta una tragedia humanitaria documentada por el Observatorio de la Dependencia: mientras la administración tramita papeles, el sistema ‘expulsa’ a los más vulnerables por la vía de la mortalidad. Con 2.202 fallecidos en 2025 -esperando la valoración de grado o la prestación efectiva-, Canarias ostenta el triste récord de ser la comunidad donde más personas mueren esperando un derecho que la ley garantiza en 180 días, pero que en las islas puede demorarse hasta cinco años
Un sistema quebrado por islas
La respuesta al Grupo Socialista confirma una Canarias de dos velocidades donde el código postal determina la dignidad del ciudadano. Con Gran Canaria superando los 849 días de media y La Gomera rozando los 920, el sistema de valoración de la discapacidad en el archipiélago se presenta como un mecanismo quebrado. La dura realidad que arrojan estos documentos es que, a pesar de los ligeros descensos en algunos promedios respecto a 2024, la administración canaria sigue operando fuera de la ley, obligando a los más vulnerables a una espera que, en demasiadas ocasiones, termina por ser eterna.
Noticia escrita por Pedro Marrero. Editado y verificado por Gara Vega. Información cruzada sin filtros institucionales. Este análisis no ha sido financiado por publicidad oficial ni condicionado por intereses de lobby.
