La Dirección General de Energía del Gobierno de Canarias ha autorizado la puesta en marcha de la denominada Planta Emergencia Puerto Santa Cruz Tenerife, una infraestructura de 18 MW situada en el término municipal de Santa Cruz de Tenerife. Esta medida responde a la situación de emergencia energética declarada en el archipiélago desde octubre de 2023, motivada por informes del Operador del Sistema que alertan sobre un riesgo crítico en la cobertura de la demanda eléctrica en el corto plazo. La instalación busca actuar como un escudo preventivo ante la posibilidad de un nuevo cero energético en la isla.
El proyecto, adjudicado a la entidad Sampol I. y O. Canarias, S.L., consiste en el despliegue de diez grupos electrógenos de gasoil de 2.295 kVA de potencia nominal cada uno. Estas unidades generarán energía que será transformada sucesivamente hasta alcanzar los 66 kV para su conexión directa a la red de alta tensión en la subestación de Dique del Este. La planta se ubicará en una parcela de la Dársena Pesquera gestionada por la Autoridad Portuaria, tras haberse modificado su emplazamiento original por razones operativas.
Dada la urgencia de la situación, el Ejecutivo autonómico ha hecho uso del artículo 6 bis de la Ley 11/1997 para declarar la instalación de interés general. Este mecanismo legal permite ejecutar la obra de forma inmediata a pesar de que el proyecto presenta disconformidades con el planeamiento urbanístico local. De hecho, el Decreto 186/2025 ordena no solo la ejecución de la planta, sino también la modificación del Plan General de Ordenación de Santa Cruz de Tenerife para adaptarlo a esta infraestructura estratégica.
A pesar de su carácter crítico, la planta ha enfrentado alegaciones ciudadanas que denuncian su impacto ambiental y la contradicción de usar combustibles fósiles en plena transición ecológica. En respuesta, la administración aclara que se trata de una instalación provisional con una vigencia de tres años, diseñada exclusivamente para activarse en momentos de riesgo cierto de suministro. Además, para mitigar el impacto, se ha exigido al promotor la instalación de reguladores de emisiones tipo SCR en cada grupo y la monitorización continua de ruidos y campos magnéticos.
Finalmente, la resolución establece un plazo máximo de seis meses para solicitar la puesta en servicio de las instalaciones, subrayando la necesidad de coordinación entre el Gobierno estatal y el regional para garantizar la seguridad energética. El reconocimiento de las repercusiones económicas de esta medida extraordinaria ya ha sido validado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Con este paso, Canarias espera estabilizar su sistema eléctrico mientras avanza en la modernización de un parque generador actualmente obsoleto e ineficiente.
