Luis Campos reafirmará este martes el «no» de Nueva Canarias al decreto ley del Ejecutivo autonómico por considerarlo un instrumento al servicio de intereses partidistas. El portavoz parlamentario exigirá la redacción de un «auténtico decreto canario» que abandone el «ruido mediático» con Madrid y se centre en los desafíos estructurales de las islas, rechazando lo que califica como un «cajón de sastre» normativo diseñado para el choque institucional.
Luis Campos aseguró que Canarias vive una situación «anómala» con un crecimiento económico y un nuevo récord turístico, pero sin redistribución de la riqueza, con graves problemas de vivienda, salarios bajos, deterioro de los servicios públicos y una emergencia climática.
«A Canarias le urge un gobierno que gestione, que lidere, que asuma sus competencias y que actúe con rigor», mantuvo el portavoz de NC-BC. El grupo nacionalista progresista estará «donde esté la defensa de Canarias, pero no apoyará» el Decreto Clavijo diseñado «premeditadamente para generar ruido y confrontar» con la Administración estatal, primero, y luego en Canarias.
El origen de este conflicto, como recordó, se inicia a comienzos del pasado mes de diciembre cuando, tras el requerimiento de Clavijo para que los grupos presentaran alternativas a su denominado Decreto Canarias, NC-BC presentó un Documento de Medidas de Acción Inmediata para una Canarias Justa y Sostenible, con 41 propuestas concretas, viables desde el marco competencial y presupuestario del Archipiélago.
Desde el primer momento, Nueva Canarias dejó claro, según Campos, que no estaba dispuesta a «colaborar, avalar ni participar en la construcción de un texto que, lejos de dar respuesta a los problemas reales de Canarias, era un instrumento al servicio de intereses electorales y partidistas» de Clavijo y Coalición Canaria, principalmente.
El documento alternativo de NC-BC, agregó el portavoz, incluía 41 propuestas estructuradas y realistas en materia fiscal, social, educativa, sanitaria, turística y medioambiental. Entre ellas, la supresión de la bonificación del 99,9 % del impuesto de Sucesiones y Donaciones para herencias superiores a 1,2 millones de euros, aprobada por Clavijo en julio de 2023, y que supondrá dejar de ingresar 180 millones de euros en la legislatura.
También el restablecimiento de la deducción en el IRPF por el incremento de precios para rentas inferiores a 30.000 euros. La implantación de una tasa turística, exenta para residentes, con una recaudación estimada de entre 200 millones de euros y 250 millones de euros anuales destinados a sostenibilidad e infraestructuras.
Una moratoria para nuevas camas turísticas adaptada a la realidad de cada isla y la desclasificación de suelo turístico no desarrollado. El cumplimiento de la Ley Canaria de Educación para alcanzar el 5% del PIB, un incremento de 30 millones de euros en financiación universitaria y la recuperación de 25 millones recortados en I+D+i y una nueva ley canaria de vivienda con derecho subjetivo exigible y un Plan Canario de Alquiler Seguro para movilizar parte de las 211.000 viviendas vacías.
Sin embargo, la respuesta de Clavijo se conoció a finales del pasado mes de enero, cuando «despreció todas y cada una» de las 41 propuestas por NC-BC, por lo que «decidimos no acudir» a la reunión convocada por el jefe del Ejecutivo. «No podíamos permitir que Nueva Canarias fuera utilizada como coartada» para confrontar por «intereses electorales» de Coalición Canaria.
Luis Campos criticó además que el texto de Clavijo incorporara contenidos ajenos al consenso parlamentario y al acuerdo estatal sobre la agenda canaria, así como otras medidas, la bonificación del 60% del IRPF en La Gomera y El Hierro que, a juicio de NC-BC, generan desigualdades.
Para el portavoz de Nueva Canarias, la prueba definitiva de la «improvisación» es que el decreto llega al Parlamento, en forma de comunicación, sin haber incorporado las aportaciones de cabildos y ayuntamientos, solicitadas apenas un día antes de su aprobación en Consejo de Gobierno.
Para NC-BC, se ha «pervertido» lo que podía haber sido un instrumento útil para afrontar la ausencia de Presupuestos Generales del Estado y resolver cuestiones imprescindibles, convirtiéndose en «un auténtico cajón de sastre donde cabe todo y más».
