Los cabildos insulares han vuelto a hacer de la defensa de su territorio un arte político. Este martes, la Federación Canaria de Islas (Fecai) presentó ante los grupos parlamentarios su propuesta de reforma de la Ley de Cabildos Insulares, cuyo objetivo declarado es “blindar” las competencias que reciben del Gobierno regional. En otras palabras: asegurar que lo que les otorgan, no se lo quiten.
Lola García, presidenta del Cabildo de Fuerteventura y vicepresidenta de la Fecai, resumió con contundencia la idea fuerza: “Que no nos pongan unas competencias, que nos den la gestión, y que después nos las vengan a retirar”. La lectura es clara: autonomía plena para decidir y ejecutar, sin supervisión excesiva del Ejecutivo regional. José Miguel Ruano, vicepresidente del Cabildo de Tenerife, subrayó que los cabildos también son “instituciones de la Comunidad Autónoma”, y que el régimen jurídico actual —mezcla de legislación autonómica y de régimen local— requiere ser adaptado para reflejar ese estatus.
Pero entre la retórica y la práctica, surgen interrogantes. El texto presentado pretende simplificar la burocracia, reducir procedimientos de transparencia de 22 artículos a cuatro y fomentar la cooperación interinsular en materia de personal. Todo ello suena bien sobre el papel, pero los críticos podrían preguntarse si esta “agilidad normativa” no abrirá nuevas oportunidades para conflictos de competencias o para interpretaciones flexibles que beneficien más a la política que a la ciudadanía.
El cambio de denominación del Cabildo de Lanzarote, que pasaría a incluir a La Graciosa, es otro ejemplo de cómo la reforma no solo toca estructuras administrativas, sino también simbología política. La Fecai calcula que la ley podría estar lista antes del próximo verano, pero como en toda negociación parlamentaria, lo que se anuncia y lo que se aprueba son dos realidades distintas.
En definitiva, los cabildos presentan su escudo legal y el Parlamento tiene la tarea de decidir si lo afila, lo diluye o lo deja en espera. Entre blindajes y simplificaciones, el verdadero reto será que los ciudadanos perciban mejoras concretas y no solo titulares llamativos.
