Las auditorías de la Audiencia de Cuentas de Canarias sobre los municipios de entre 6.000 y 9.000 habitantes han revelado un patrón de irregularidades contables que se repite con precisión matemática: estimaciones erróneas de cobros dudosos, falta de criterios de provisión, diferencias entre documentos oficiales y, en algunos casos, deudas que se arrastran desde el siglo pasado.
El Paso: seis años de espera para admitir la duda
En el caso del Ayuntamiento de El Paso (La Palma), el informe es categórico. Pese a que la normativa estatal obliga a considerar dudosos los derechos pendientes de cobro con más de cuatro años de antigüedad, el consistorio elevó ese umbral a seis. El resultado fue una infravaloración de 1,1 millones de euros en su provisión por cobros inciertos, correspondiente a los ejercicios 2017-2021.
El criterio aplicado incumple tanto el artículo 193 bis del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL) como el artículo 103.3 del Reglamento Presupuestario Local (RPL). En números: de 5,88 millones de euros pendientes de cobro, solo 3,5 millones se reconocieron como de dudoso cobro, pese a que la propia auditoría estima que la cifra real debía rondar los 4,57 millones.
Aún más elocuente es la recaudación efectiva: de los 3,8 millones de euros en derechos pendientes desde 2017 o anteriores, apenas 99.681 euros se ingresaron en 2022. En algunos capítulos presupuestarios —como transferencias corrientes y pasivos financieros— figuran aún derechos por cobrar de los años 1999, 2003 y 2004, registrados “con criterio de caja”, un tecnicismo que equivale a reconocer que su recuperación es, en la práctica, improbable.
El informe señala además que el Ayuntamiento no consignó en su memoria contable los métodos de estimación ni los criterios para determinar las provisiones, lo que vulnera las exigencias de transparencia establecidas por la normativa estatal.
Breña Alta: diferencias entre lo que se liquida y lo que se declara
En el vecino municipio de Breña Alta, también en La Palma, la fiscalización detecta desajustes contables significativos entre la Liquidación del Presupuesto y la Cuenta General. Las obligaciones pendientes de pago difieren en 13.873 euros, y el exceso de financiación afectada presenta un desfase de 432.588 euros entre ambos documentos.
El consistorio aplicó correctamente los mínimos legales del artículo 193 bis del TRLRHL, pero tampoco registró los aplazamientos y fraccionamientos en las cuentas 44300 y 2621 —obligatorias para recoger deudas a corto y largo plazo—. En la práctica, esto implica que el Ayuntamiento debió aumentar su provisión por cobros dudosos, ya que parte de las deudas aplazadas quedaron fuera de la contabilidad.
Los derechos pendientes anteriores a 2017 alcanzan 1,2 millones de euros, de los cuales solo 15.090 se recaudaron en 2022. El propio informe destaca que la memoria de la Cuenta General “no contiene ninguna referencia a los métodos de estimación y cálculo de riesgos”, una omisión que, de nuevo, vulnera los principios básicos de transparencia fiscal.
Tinajo: delegar sin depurar las cuentas
En Tinajo (Lanzarote), el diagnóstico es más sofisticado, pero igual de preocupante. El Ayuntamiento delegó la gestión tributaria en la Red Tributaria de Lanzarote, lo que generó una distorsión entre los saldos pendientes y los efectivamente gestionados. A 31 de diciembre de 2022, los derechos pendientes anteriores a la delegación ascendían a 3,6 millones de euros, de los que apenas 73.415 euros se recaudaron.
El consistorio contabilizó correctamente su provisión —3,8 millones de euros—, pero no registró los aplazamientos y fraccionamientos en las cuentas correspondientes. De nuevo, la falta de asiento contable sugiere que el Ayuntamiento debió aumentar su provisión de dudoso cobro.
En la memoria de la Cuenta General, el patrón se repite: ni una referencia a los métodos de estimación ni a los criterios de cálculo del riesgo.
Un patrón regional de contabilidad indulgente
El denominador común en los tres municipios —El Paso, Breña Alta y Tinajo— es la relajación en la aplicación de las normas contables básicas. En algunos casos, las deudas antiguas se maquillan bajo la categoría de “criterio de caja”; en otros, simplemente no se reconocen. Para la Audiencia de Cuentas, el resultado es claro: un sistema local que subestima su riesgo financiero, sobrestima su remanente de tesorería y ofrece una imagen distorsionada de su solvencia real.
El presidente del órgano fiscalizador, Pedro Pacheco González, firmó el informe el 11 de diciembre de 2024, recordando que los ayuntamientos no pueden seguir considerando “en son de paz” los saldos que llevan décadas sin cobrarse. En palabras de un técnico consultado por este diario, “muchos municipios canarios actúan como si el tiempo fuera un mecanismo contable: si una deuda es vieja, se ignora. Pero la contabilidad pública no perdona el olvido”.
