La futura Ley Canaria de Protección del Arbolado Urbano avanza en su tramitación parlamentaria tras la aprobación del dictamen de la Comisión de Transición Ecológica. La iniciativa, impulsada por la ciudadanía durante la décima legislatura y convertida en proposición de ley de iniciativa popular, ha sido debatida y perfilada por la comisión, que elevó su informe al Pleno el pasado 21 de noviembre. Con su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento, el texto queda listo para afrontar las últimas fases antes de su aprobación definitiva.
La propuesta nace de la creciente conciencia social sobre el valor del arbolado en los entornos urbanos. El preámbulo del dictamen subraya cómo los árboles mejoran la calidad del aire, regulan las temperaturas extremas y generan espacios de bienestar físico y emocional. Su función ecológica es vital en un archipiélago donde más del 60% de la población vive en ciudades que, a su vez, son responsables de buena parte de las emisiones contaminantes. Por ello, la ley se plantea como un instrumento clave para combatir el cambio climático desde la escala local.
El texto destaca que el arbolado urbano no es un elemento ornamental, sino un patrimonio vivo que requiere una gestión respetuosa. El dictamen recuerda que los árboles no pueden tratarse como mobiliario urbano: son seres vivos esenciales para los ecosistemas y para la salud pública. Además, los estudios científicos apuntan a su influencia positiva en la salud mental, la convivencia y el desarrollo emocional de las nuevas generaciones, reforzando la necesidad de una normativa de protección.
La proposición de ley establece un marco estructurado compuesto por un título preliminar y cuatro títulos adicionales que regulan la conservación, gestión e intervención sobre el arbolado. Incluye medidas rigurosas para limitar talas y podas drásticas, priorizando siempre el principio favor arboris, que obliga a considerar todas las alternativas antes de eliminar un árbol. También contempla la creación de inventarios municipales y la catalogación de ejemplares de especial protección, independientemente de si están en suelo público o privado.
La norma se apoya en las competencias de la Comunidad Autónoma en materia de medio ambiente, ordenación del territorio y urbanismo, y ha sido objeto de un triple dictamen del Consejo Consultivo de Canarias. Este análisis jurídico ha avalado que la ley respeta el derecho de propiedad, la autonomía local y el marco constitucional y estatutario. Se trata, además, de un ejemplo destacado de participación ciudadana en la elaboración legislativa, al ser fruto directo de una iniciativa popular con amplio respaldo social.
Con la publicación del dictamen y su elevación al Pleno, Canarias se acerca a la aprobación de una normativa pionera que aspira a transformar la relación entre las ciudades y sus árboles. La ley busca no solo proteger los ejemplares existentes, sino impulsar la creación de nuevos espacios verdes, promover la biodiversidad y preparar a los municipios para afrontar los retos ambientales del futuro. Si culmina su tramitación, la comunidad autónoma se dotará de una herramienta decisiva para construir urbes más saludables, resilientes y sostenibles.
