El Gobierno de Canarias ha salido al paso de los informes que sitúan en 10.600 las plazas residenciales que faltarían en el Archipiélago para atender a personas mayores y dependientes. El Ejecutivo autonómico rechaza esa cifra y sostiene que las listas de espera «no son reales», al existir duplicidades y solicitudes cruzadas entre distintos «recursos del sistema«. Según la Consejería de Bienestar Social, una misma persona puede figurar simultáneamente en varios servicios -ayuda a domicilio, teleasistencia o plaza residencial-, lo que distorsiona el cómputo final.
La presión asistencial que perciben las familias dibuja otra realidad. Tal es el vacío de poder que la credibilidad se lo han ganado los colectivos de trabajadores sociales (manejan los datos en tiempo real). Estos alertan de que, más allá del baile estadístico, la demanda de plazas crece mes a mes y los centros públicos y concertados no logran absorberla, obligando a muchos mayores a permanecer en casa sin apoyos suficientes o a asumir costes privados inasumibles.
Un sistema tensionado
Las asociaciones del sector recuerdan que la ratio recomendada por organismos estatales es de 5 plazas residenciales por cada 100 mayores de 65 años, un umbral que Canarias aún no alcanza de forma homogénea entre islas. Mientras el Gobierno defiende su apuesta por la desinstitucionalización y los cuidados en el hogar, profesionales y ayuntamientos advierten de que estas medidas, aunque necesarias, no sustituyen la falta de recursos presenciales para personas con alta dependencia o sin red familiar.
En otras comunidades el debate es similar: la Comunitat Valenciana cifra en 27.000 las plazas necesarias y Murcia en 7.500, lo que evidencia un problema estructural en todo el país. En Canarias, el Ejecutivo insiste en que el plan autonómico prioriza nuevos centros y la modernización de los existentes, pero evita fijar un número concreto de déficit, alegando que primero debe «depurarse» el registro de demandantes.
La voz de las familias
Los lobbys sociales replican que las listas podrán ser discutibles, pero las esperas son palpables. Denuncian retrasos de años para acceder a una residencia pública y un incremento de solicitudes urgentes por situaciones de soledad, dependencia sobrevenida o falta de cuidadores. «Las cifras se revisan en los despachos, pero los mayores siguen esperando en sus casas», resumen desde plataformas ciudadanas.
El choque entre la versión oficial y la experiencia cotidiana mantiene abierto un pulso político que previsiblemente llegará al Parlamento en los próximos meses. Mientras el Gobierno habla de registros «inflados», las familias reclaman respuestas tangibles y plazos claros, recordando que la dependencia no entiende de estadísticas sino de necesidades diarias. El debate está servido: ¿son irreales las listas o es irreal negar lo que se vive en los hogares canarios?
Noticia escrita por Gara H. Vega. Editado y verificado por Pedro Marrero. Información cruzada sin filtros institucionales. Este análisis no ha sido financiado por publicidad oficial ni condicionado por intereses de lobby.
