Cuando el Gobierno de Canarias habla de estabilidad financiera del tercer sector, conviene leer la letra pequeña. La respuesta parlamentaria ofrecida esta semana a la diputada de Coalición Canaria Jana González Alonso es un ejemplo perfecto de cómo convertir mejoras administrativas en un relato político de suficiencia, sin abordar el núcleo del problema: el dinero.
La Consejería de Bienestar Social que dirige Candelaria Delgado articula su defensa en torno a tres pilares -previsibilidad normativa, agilización de la gestión y actualización de costes- que, sobre el papel, suenan razonables. El problema es que ninguno de ellos garantiza, por sí mismo, estabilidad financiera real para unas entidades que sostienen buena parte del sistema de servicios sociales del Archipiélago.
Estabilidad normativa no es estabilidad económica
La aprobación de bases reguladoras indefinidas para las subvenciones del IRPF y del Impuesto sobre Sociedades (Orden 1047/2024) se presenta como un avance estructural. Y lo es, desde el punto de vista burocrático. Menos cambios de reglas, menos subsanaciones, menos incertidumbre administrativa.
Pero conviene no confundir seguridad jurídica con suficiencia financiera. Conocer antes los requisitos no resuelve el problema de fondo si las convocatorias siguen siendo competitivas, limitadas y dependientes del ciclo presupuestario anual.
Reorganizar no es invertir
El Ejecutivo también presume de haber centralizado la gestión del crédito IRPF y de haber creado un equipo específico. Es, de nuevo, una mejora de procedimiento. Pero el mensaje implícito es revelador: el esfuerzo político se concentra en gestionar mejor lo que hay, no en reforzar lo que falta.
Para el tercer sector, la agilidad administrativa es bienvenida, pero secundaria frente a una realidad incómoda: adelantar resoluciones no paga nóminas si los importes siguen siendo insuficientes o llegan ajustados al límite.
El comodín del coste real
La referencia a la actualización de precios en los convenios con cabildos para el periodo 2025–2028 es el punto más sustancial de la respuesta. El Gobierno asegura haber incorporado estudios independientes y revisiones insulares para ajustar los importes al coste efectivo de los servicios.
Sin embargo, el texto evita cuidadosamente cualquier cifra concreta. No se aclara cuánto suben los precios, ni si esa actualización compensa años de desfase acumulado, ni cómo se financiará en un contexto de presión presupuestaria creciente.
El silencio europeo
Resulta especialmente llamativo que no haya una sola mención a fondos europeos, al FSE+ o a una estrategia específica para el tercer sector en una región ultraperiférica como Canarias. En Bruselas, el debate ya no es solo cómo financiar servicios sociales, sino cómo dar estabilidad plurianual a las entidades que los prestan. En Canarias, el discurso sigue anclado en la subvención anual.
Una respuesta correcta… y defensiva
Políticamente, la contestación cumple: ordenada, técnica y difícil de atacar desde el procedimiento. Estratégicamente, es otra cosa. El Gobierno gana tiempo, pero no cierra el debate. Porque mientras no haya compromisos financieros claros, plurianuales y cuantificables, la estabilidad seguirá siendo más un concepto retórico que una realidad presupuestaria.
El tercer sector canario no pide solo reglas claras. Pide algo más incómodo: certezas económicas para planificar, profesionalizar y sostener servicios que el propio sector público no cubre. Y sobre eso, por ahora, el Gobierno sigue hablando en voz baja.
