El Dictamen sobre la revisión del Régimen Económico y Fiscal (REF) de Canarias, aprobado por el Parlamento autonómico en octubre de 2025, no es un mero trámite: es una constatación política de la insuficiencia del actual marco para sostener la prosperidad. Fruto de una Comisión de Estudio impulsada por el PSOE y NC-bc, el texto subraya una cruda realidad: a pesar de ser un paraguas fundamental, el REF ha fallado en corregir las debilidades estructurales de las islas. El estancamiento del PIB per cápita, el desempleo cronificado y los altos índices de pobreza persisten, evidenciando que las sucesivas crisis del siglo XXI han ensanchado la brecha económica de Canarias con respecto al resto de España. Este diagnóstico, consensuado por la mayoría de los grupos, marca un antes y un después, exigiendo al Ejecutivo regional una ofensiva negociadora urgente ante el Estado central.
El proceso parlamentario ha logrado un consenso amplio, clave para dotar de fuerza política el futuro pliego de peticiones. Las veinte sesiones celebradas y la treintena de comparecientes de todos los ámbitos –académico, empresarial y social– han perfilado una hoja de ruta que pide no solo actualizar, sino repensar los incentivos fiscales y económicos. Se exige blindar el carácter adicional de los recursos del REF respecto al Sistema de Financiación Autonómica (SFA), un debate siempre latente. Más allá de las ayudas al transporte y la inversión, el Dictamen enfatiza la necesidad de una mayor gobernanza, seguridad jurídica y la creación de nuevos instrumentos capaces de afrontar crisis sistémicas futuras y diversificar la economía más allá del monocultivo turístico.
El meollo de las recomendaciones se centra en las propuestas concretas para la Parte Económica y la Fiscal del Régimen. En lo económico, el Parlamento reclama asegurar la cuantía de los compromisos presupuestarios y mejorar las ayudas a la movilidad y el empleo, señalando que la financiación debe ser estable y no discrecional. En el ámbito fiscal, la reforma se focalizará en optimizar herramientas clave como la Reserva para Inversiones en Canarias (RIC) y la Zona Especial Canaria (ZEC), buscando su mayor eficiencia y agilidad. La clave es transformar estos incentivos en verdaderas palancas de productividad y tecnología, siguiendo el éxito observado en el sector audiovisual, en lugar de ser meros elementos de compensación por la lejanía geográfica.
La publicación de este Dictamen, con sus diez capítulos de análisis detallado y recomendaciones, establece un marco de acción para el Gobierno de Canarias. La legislatura (XI) está ahora obligada a buscar la «ventana de oportunidad» negociadora con Madrid, presumiblemente coincidiendo con una futura revisión del SFA. El desafío político reside en transformar este consenso parlamentario en una presión efectiva sobre el Gobierno central para obtener un nuevo REF que, además de ser una ley de mínimos, se convierta en una herramienta estratégica para la modernización económica. La clase política canaria sabe que la pelota está ahora en su tejado, y la estabilidad y el futuro de las Islas dependerán de su habilidad para convertir este Dictamen en realidad legislativa.
