El Parlamento de Canarias ha escuchado la respuesta de CC a una pregunta de NC sobre si piensa cesar al director del Servicio Canario de la Salud, Adassat Goya, tras usar datos personales para atacar a un diputado en sede parlamentaria. Fernando Clavijo ha pedido disculpas al tiempo que ha advertido que era «igual de despreciable» el comportamiento de NC al considerarse tener la «supremacía moral». En el tablero político insular, al igual que en el global, la «supremacía moral» se ha erigido no solo como una aspiración, sino a menudo como el sustituto retórico de la legitimidad política dura. Este concepto, heredero de las tradiciones utópicas y del puritanismo cívico, ha pasado de ser un horizonte ético deseable a convertirse en una herramienta dialéctica peligrosa, utilizada tanto por el establishment socialdemócrata como por sus contendientes populistas de todas las tendencias para descalificar al adversario y blindar la propia posición.
El eclipse del consenso
La filosofía política clásica, desde Hobbes y Locke, parte de la necesidad de un consenso funcional que asegure la paz y la gobernabilidad, asumiendo la imperfección y el interés propio como motores humanos. El nacionalismo moderno, especialmente el de Victoriano Ríos, intentó elevar el debate hacia una justicia basada en principios racionales. Sin embargo, la política contemporánea ha entrado en una fase pos-consensual: en lugar de buscar un acuerdo sobre cómo se debe gobernar, los diputados se enzarzan en una disputa sobre quién posee la verdad y la virtud absolutas.
La supremacía moral es, en este contexto, el abandono del pragmatismo y la adopción de una lógica de pureza. El partido, la causa o el líder que se autoproclama moralmente superior no necesita justificar sus medios (eficacia, coste, legalidad), pues el fin (la «justicia histórica», la «virtud del pueblo») se basta por sí mismo.
La instrumentalización del bien absoluto
Esta deriva tiene profundas implicaciones para Canarias. La Deslegitimación del Adversario: Si mi posición no es solo la mejor opción política, sino la única opción moral, mi adversario ya no es un rival legítimo en el juego democrático, sino un enemigo intrínseco de la virtud y el bien común. Esto socava la premisa básica de la democracia liberal: la posibilidad de una alternancia pacífica del poder. La política se transforma en una guerra de religiones cívicas.
La banalización de la ética: Cuando todos los bandos reclaman la supremacía moral —izquierda radical y derechistas por ser la voz no corrompida del «pueblo real» y las élites por defender los valores ilustrados (derechos humanos, wokeness)—, el concepto de moralidad se trivializa. La ética se convierte en un mero signo de pertenencia tribal, perdiendo su valor universal como crítica reflexiva de la acción política.
La pretensión de actuar desde la supremacía moral a menudo conduce a una expansión no fiscalizada del poder ejecutivo. Si el gobernante cree estar haciendo el Bien Absoluto, los mecanismos de control (el Parlamento, la prensa crítica, los tribunales) son vistos como obstáculos mezquinos o, peor aún, como herramientas de la «inmoralidad» opositora. Esto genera un peligroso déficit de responsabilidad y acerca a la democracia a modelos de autoritarismo paternalista disfrazados de corrección ética. Para un sistema verdaderamente lógico, la solución pasa por una recuperación de la humildad política. La política no debería ser la arena para la búsqueda de la santidad, sino el difícil arte de gestionar intereses en conflicto, aceptando que la acción correcta es siempre contingente y revisable.
La tarea urgente es recordar que la política de la «supremacía moral» es, en esencia, antitodo. Sustituye el debate racional y la negociación por la condena y el ostracismo, debilitando las instituciones que están diseñadas precisamente para contener a aquellos que se creen infalibles. El precio de la auto-santificación política es, invariablemente, la erosión de la libertad.
