El Gobierno de Canarias ha puesto en marcha el Programa de Inspección Ambiental para 2026, una ambiciosa hoja de ruta que traslada la presión regulatoria del despacho a la vigilancia directa sobre el terreno. Ante la saturación de vertidos sin control y la compleja gestión de residuos en el archipiélago, la Consejería de Transición Ecológica y Energía ha diseñado un plan que prioriza la inspección de aquellas actividades que, aunque no requieren una autorización ambiental integrada, tienen un impacto crítico en el ecosistema insular. Este despliegue técnico pretende dar una respuesta contundente a las crecientes demandas sociales por la protección del litoral y la calidad del aire.
La gran novedad de este ejercicio es la consolidación de la Policía Canaria como el brazo ejecutor de la normativa ambiental en las islas. Tras un año 2025 de pruebas y formación técnica, los agentes de la Unidad de Vigilancia e Inspección Administrativa ya están facultados para realizar inspecciones autónomas y redactar actas con validez técnica. Esta colaboración busca paliar la histórica escasez de inspectores técnicos en la administración, permitiendo que la presencia policial en zonas sensibles actúe como un elemento disuasorio frente a las infracciones ecológicas.
El foco principal de este radar ambiental estará puesto en la crisis de los vertidos al mar, una asignatura pendiente que el documento desglosa con cifras preocupantes. Según el censo oficial, el 54% de los puntos de vertido en Canarias carece de autorización, siendo Tenerife la isla con mayor número de infracciones (124 puntos ilegales). El programa fija un objetivo de 30 inspecciones reglamentarias que se concentrarán estratégicamente en zonas de baño, áreas sensibles y espacios naturales protegidos, buscando priorizar la salud pública y la biodiversidad marina.
Además del control de vertidos, el plan establece cuotas estrictas para otras fuentes de contaminación, programando 40 inspecciones para instalaciones emisoras a la atmósfera y otras 40 para gestores de residuos. La vigilancia se extenderá también a los traslados transfronterizos de desechos, un punto vital para una región ultraperiférica que debe asegurar que sus residuos no terminen en circuitos irregulares fuera de la Unión Europea. Por contra, aunque existen más de 10.000 instalaciones vinculadas a suelos potencialmente contaminados, se actuará por denuncia o incidentes.
