El falso túnel de Fañabé-Las Américas, la infraestructura que debía soterrar más de dos kilómetros de la TF-1 para aliviar el colapso circulatorio del sur de Tenerife, acumula más de tres años sin que una sola máquina mueva tierra desde su adjudicación en agosto de 2023 a la UTE formada por Acciona Construcción, AMC Construcciones y Contratas, y El Silbo Construcciones. El presupuesto inicial de 90 millones de euros se ha convertido en un campo de batalla jurídico: la Consejería de Obras Públicas inició en junio de 2025 el procedimiento de resolución del contrato, las empresas reclaman 27 millones por daños y lucro cesante, la administración cifra su contrapartida en 11 millones, y de los 37 millones programados en los presupuestos autonómicos entre 2023 y 2026 apenas se han ejecutado 600.000 euros, correspondientes a la redacción del proyecto. El propio presidente Fernando Clavijo ha reconocido «dificultades jurídicas y financieras» y admitido que la obra no se ejecutará durante esta legislatura, una confesión que convierte el falso túnel en la metáfora perfecta de la incapacidad administrativa canaria para traducir grandes anuncios en hormigón.
El coste social de la parálisis se mide en tiempo: la TF-1, diseñada para 25.000 vehículos diarios, soporta actualmente unos 94.000, superando los 100.000 en los tramos más congestionados, lo que dilata un recorrido que normalmente requiere cinco minutos hasta los 50 en hora punta. El concejal de Adeje, Manuel Luis Méndez, ha advertido que una nueva licitación supondría entre ocho y diez años adicionales para culminar la obra, un horizonte temporal que sitúa la solución real del problema en la década de 2030. El dato se inscribe en un patrón más amplio: de los 350 millones programados en carreteras para el período 2023-2026, aproximadamente 138 millones, casi el 40%, permanecen sin ejecutar. La autopista del sur de Tenerife no es solo un problema de tráfico, sino un indicador sistémico de cómo la maquinaria burocrática canaria genera anuncios presupuestarios que funcionan como herramienta política mientras la ejecución real se disuelve en litigios, retrasos administrativos y una capacidad de gestión que no está a la altura de las cifras que se aprueban en el parlamento.
