El Cabildo de La Palma, junto al Instituto de Ciencias de la Construcción ‘Eduardo Torroja’ vinculado al CSIC, ha puesto en marcha un plan de intervención técnica orientado a extraer gases volcánicos acumulados en viviendas y espacios bajos en los núcleos de Puerto Naos y La Bombilla. La iniciativa, explican las instituciones, busca mitigar riesgos y restablecer condiciones habitables sin recurrir a medidas permanentes que limiten la libertad de los propietarios.
El proyecto se basa en la instalación de conductos especializados y extractores que permiten la despresurización de suelos y edificios, canalizando el CO2 acumulado en sótanos y plantas bajas hacia puntos de evacuación no habitables. Estas salidas se diseñan para favorecer la disolución natural en la atmósfera en condiciones controladas, minimizando riesgos para la población y evitando intervenciones invasivas que afecten la autonomía de los vecinos.
Según el Cabildo, la técnica es complementaria a otras medidas ya implementadas, como la red de sensores de monitorización y los sistemas de ventilación forzada. Las actuaciones se conciben desde una perspectiva práctica: priorizar soluciones técnicas verificables que permitan la reapertura y uso de propiedades siempre que se cumplan requisitos de seguridad.
El presidente del Cabildo, Sergio Rodríguez, ha señalado que el trabajo es “fundamental para dar certidumbre a los vecinos” y subrayó el carácter instrumental y temporal de las obras, orientadas a restaurar la habitabilidad sin coartar innecesariamente la actividad privada ni imponer medidas excesivas. En la misma línea, el comisionado para la reconstrucción, Héctor Izquierdo, ha destacado la cooperación interadministrativa y científica que respalda el proyecto, que aspira a situar a la isla como un referente en la aplicación de soluciones técnico-científicas ante emergencias volcánicas.
Especialistas del Instituto ‘Eduardo Torroja’ han aportado experiencia en patología de la construcción y física edificatoria para definir protocolos de instalación, mantenimiento y verificación de los sistemas. Los trabajos incluyen diagnóstico de puntos críticos, trazado de tuberías, equipos de extracción con control de caudal y procedimientos para asegurar que los puntos de evacuación no supongan riesgo para la población ni para el medio ambiente local.
La implantación de estas medidas plantea también un debate sobre la mejor manera de proteger la vida, la salud y la propiedad sin multiplicar regulaciones ni desincentivar la iniciativa privada. Desde una perspectiva que valora la libertad individual, las autoridades locales insisten en que las soluciones técnicas —transparentes y revisables— deben ser preferidas frente a decisiones administrativas que limiten derechos de forma indiscriminada. La trazabilidad científica y la supervisión periódica se han señalado como condiciones para mantener esa proporcionalidad.
La despresurización se suma a la hoja de ruta de recuperación de la isla, orientada a combinar seguridad, normalización de la actividad económica y respeto por la autonomía de los residentes. En los próximos meses está prevista la extensión de las labores de diagnóstico a otras zonas perimetrales, siempre en coordinación con técnicos y con la participación activa de las comunidades afectadas.
A largo plazo, las autoridades destacan la necesidad de consolidar protocolos transferibles a otras regiones con riesgo volcánico: sistemas sencillos, replicables y compatibles con la propiedad privada que reduzcan el coste social de las emergencias y fomenten la resiliencia local.
